Las extrañas circunstancias en que 19 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, y la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) que fueron reportados como desaparecidos por sus familias y que aparecieron muertos en supuestos combates con el Ejército en Norte de Santander, está a punto de desatar un choque entre la Justicia Penal Militar y la ordinaria.
Mientras las autoridades militares, acompañadas por agentes del CTI, investigan los casos y tratan de esclarecer los hechos, distintos organismos iniciaron las investigaciones pertinentes, muchas como acompañantes, otras como vigilantes.
De un lado, los militares aseguran que ellos pueden adelantar los expedientes que tienen sobre los casos, a la vez que la justicia ordinaria ha pedido, insistentemente, el traslado de los procesos a su jurisdicción.
Pero el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, ha explicado que existe voluntad de parte y parte para aclarar la situación.
"Durante la reunión que se celebró la semana anterior en el Ministerio de Defensa, se pactó un acuerdo de trabajo conjunto con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo", sostuvo Maya.
El Procurador dijo que no sólo se investigarán en el caso de los 19 jóvenes desaparecidos en Soacha y Ciudad Bolívar, sino que también harán parte de las indagaciones casos similares presentados en diferentes regiones del país, donde se han presentado ejecuciones extrajudiciales.
Maya Villazón agregó que en la actualidad existen investigaciones contra algunos miembros de la Fuerza Pública.
Ante la posibilidad de que se genere un conflicto de jurisdicción entre la Justicia Penal Militar y la justicia ordinaria, el primero en pronunciarse fue el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.
"La Justicia Penal Militar goza de total independencia frente al mando militar y al Ejecutivo, al igual que la justicia penal ordinaria", a la vez que añadió que "los jueces que conforman la Justicia Penal Militar son autónomos en sus evaluaciones y decisiones".
De la misma manera, el general Padilla recordó que las Fuerzas Armadas, en todos sus niveles, están en la obligación "ética y legal de acatar y respetar toda decisión de la justicia", respaldando con ello las determinaciones no sólo de las instancias penales militares, sino también de las jurisdicciones ordinarias.
En tal sentido, el alto oficial señaló que "la decisión de trasladar expedientes de la Justicia Penal Militar a la jurisdicción ordinaria, por solicitud de esta última, es potestad única del funcionario penal militar que adelanta la investigación".
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
