Dos posiciones opuestas sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se escucharon ayer en la Corte Constitucional, durante una reunión técnica para analizar la atención a esta población.
Durante su intervención, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, denunció que en Colombia la condición del desplazado se convirtió en una "profesión" para defraudar al Estado y usurpar derechos y recursos destinados a estas víctimas.
"Muchas personas engañan a las administraciones, a Acción Social, y a todas las entidades del Estado y tienen beneficios que no deberían tener y que le están quitando los recursos a quienes sí se les deben aplicar (...) Aquí lo que hay es una rapiña sobre los puestos municipales, departamentales y nacionales de gente inescrupulosa y de delincuentes", aseguró.
Valencia Cossio pidió castigar penalmente a quienes al hacerse pasar por desplazados defraudan al Estado. "Ya hay una profesión que se denomina desplazado, aquí no hay tal desplazamiento en la magnitud que lo presentan".
Diego Molano, director de Acción Social, confirmó que han detectado "mafias que mueven a los desplazados" sobre todo en Bolívar y Sucre y que estas irregularidades las denunciaron ante la Fiscalía, la Policía y el DAS.
No estigmatizar
Tras esta denuncia, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), solicitó al Gobierno no estigmatizar a la población desplazada.
"Decir que en el registro oficial hay muchos desplazados que no lo son, equivale a una confesión de incompetencia del Gobierno, que es el encargado de incluir o rechazar a los solicitantes", dijo Romero.
Según Codhes, aunque hay casos de fraude, existe un subregistro del desplazamiento. Agrega que la Procuraduría y diferentes fuentes han documentado niveles de subregistro que superan el 30 por ciento.
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