El "exceso de rigor jurídico" ha llevado a una inadecuada interpretación de las normas que muchas veces entorpecen los procesos de contratación de las obras públicas en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
Apoyado en esta inconformidad, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), José Fernando Villegas Hortal, les dirigió mensajes al gobernador Sergio Fajardo y al alcalde Aníbal Gaviria.
"Pero no se trata de suspicacia, hay total confianza en ambas administraciones", dijo a este diario el directivo gremial.
Según Villegas Hortal, el "exceso de celo en la transparencia" conlleva a interpretaciones absurdas y desbordadas de la norma.
Lo justifica en que la Ley de Contratación es de principios y le da derechos al proponente de subsanar documentos que no son esenciales para la comparación de ofertas, pero no lo están dejando hacer.
Su conclusión es que están descalificando propuestas que no tienen por qué, y el Estado deja de recibir algunas que le pueden convenir. "No podemos pecar por exceso ni por defecto, eso entraba los procesos, y la ejecución ha sido muy pobre. Hay dinero y proyectos definidos: entonces que se hagan", puntualizó.
Puso como ejemplo que la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, en las licitaciones LP02 a LP03 indicaba a los proponentes que se les iba a evaluar su participación con la información financiera de 2011 o de 2012. Y faltando tres días para la entrega de la propuesta exigió como válida únicamente la información financiera de 2012, mediante un documento solicitado cuya expedición tarda 10 días para quedar en firme, lo que significa algo imposible de cumplir.
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