El Estado nace con el objetivo de proveer fundamentalmente dos servicios a los ciudadanos: seguridad y justicia. Dice Thomas Hobbes que el hombre sale del estado de naturaleza, es decir, del desorden social, cuando voluntariamente entrega al Estado parte de sus libertades a cambio de que este provea justicia y seguridad. Podríamos concluir que cuando un Estado deja de brindar uno de estos dos bienes, deja de funcionar y así podría denominarse entonces como "Estado fallido".
Colombia fue mencionado como uno de los Estados fallidos del mundo por la prestigiosa revista Foreign Policy, debido a su incapacidad de repeler la amenaza terrorista planteada por los diferentes grupos armados ilegales (autodefensas y guerrilla). La recuperación territorial e institucional bajo el mandato del Presidente Uribe logró quitar el odioso rótulo de Estado fallido a nuestro país. Hoy, a pesar de los retos en esta materia, el Estado colombiano ejerce presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y así podríamos decir que aunque no resuelto y a pesar de los retrocesos, el tema de la seguridad ha mejorado en comparación con el pasado.
Sin embargo, sigue acechando un antiguo fantasma que plantea un serio problema al Estado colombiano, esto es, el de nuestra inestable justicia. Se calcula que por el paro de Asonal Judicial, se han cancelado 300.000 audiencias en el país, y que buena parte de los capturados por la policía durante los días de este vergonzoso y altamente perjudicial paro, hoy rondan tranquilos y campantes por las calles.
No deja de sorprender y entristecer que en un país con un problema concreto tan serio y hondo como es el de la justicia, tanto legisladores como miembros del Ejecutivo se dediquen a plantear debates insulsos que no responden a las verdaderas necesidades del país. Hoy la gran urgencia de Colombia es reparar la justicia, y no con remiendos sino con una medicina que cure el problema de fondo. ¿Reforma a la justicia? Sí, pero si el Ejecutivo no lo logró como ya fuimos testigos los colombianos, entonces ¿quién? La respuesta es: la gente.
El problema es visible, palpable, grave y creciente, por lo tanto la solución es urgente. ¿Seguiremos viviendo en un país en donde el delincuente capturado quede en libertad porque un gremio que controla la justicia se encuentra en paro gracias a temas salariales? Ahora bien, si el Gobierno asumió unos compromisos con este sector, debe cumplirlos, su función es asegurar que la justicia funcione.
Ni la seguridad ni la justicia pueden entrar en paro. Sabemos las dificultades que viven a diario nuestros policías y soldados por temas salariales, entre otros, ¿acaso ellos entran en paro y nos dejan a la merced de los criminales? No. Así como nuestras Fuerzas Armadas están al servicio del Estado y sus ciudadanos permanentemente, de igual manera debe hacerlo la justicia. Que el fantasma del Estado fallido no vuelva gracias a la inestabilidad jurídica que afecta la economía y el orden social. La justicia no puede dejar de funcionar, ni hoy ni nunca, el Gobierno lo debe garantizar.
@FedericoHoyos
