Cómo cuesta ser demócrata auténtico, respetuoso de las leyes, ciudadano sereno y entusiasta con las cosas buenas de la Patria, ante las adversidades y la lentitud en la materialización de todo lo que signifique progreso y mejoramiento.
Cómo cuesta continuar los esfuerzos que se hacen desde las esferas de poder, tanto en lo público como en lo privado, en la búsqueda de un mejor país para quienes vienen detrás nuestro.
No es fácil para nadie que haya sufrido en carne propia la brutalidad de los actores armados en épocas recientes, aceptar los cuasi castigos que se aplican a los culpables confesos de crímenes atroces, bajo la modalidad de la justicia transicional.
Nos toca aprobar en la búsqueda de unas condiciones de convivencia generalizada muchos sacrificios y mirar con ojos diferentes cosas que en otras circunstancias serían inaceptables.
Pero lo que espera cualquier colombiano, por humilde o encumbrado que sea, es que la justicia opere sin dilaciones, que los procesos se adelanten con responsabilidad y de forma estricta, que la aplicación del sistema penal se oriente de manera diligente, atendiendo rigurosamente los procedimientos, de forma que no queden vacíos procesales que impidan a los jueces aplicar plenamente los castigos contemplados en los códigos.
Que los jueces en su interpretación de la ley, sobre todo cuando se trata de asuntos penales, tengan la fortaleza de carácter para aplicar con dureza las sanciones a quien resulte culpable, de forma que quienes han sido afectados por la acción delincuencial, sientan que la impunidad no es el premio para los delincuentes.
En un caso de secuestro extorsivo múltiple, perpetrado por las Farc, con homicidio agravado y con intento de asesinato, al causar heridas de fusil a uno de los plagiados al momento de su rescate, la condena se reduce a 14 años de prisión, los cuales muy seguramente bajarán a la mitad por buena conducta y trabajos en la cárcel.
¿Podrán unos padres aceptar que es suficiente castigo para el asesino confeso de su hijo una pena de siete años de prisión, dejando sin castigo el secuestro múltiple y el intento de asesinato?
¿Podrá la comunidad aceptar que el castigo pleno no pueda aplicarse por tecnicismos incumplidos en el proceso acusatorio, por negligencia de un fiscal?
¿Se podrá aceptar que mientras al ofendido, suponiendo que fuera posible el recaudo de la sanción, se le asignen 100 salarios mínimos, pues "el despacho estima que la indemnización tasada compensa el sufrimiento causado", mientras en la misma providencia se condena al asesino a pagar "2.500 salarios mínimos a favor del Tesoro Nacional en cuenta administrada por el Consejo Superior de la Judicatura"?
Resulta difícil aceptar esta clase de justicia.
Y mientras estas cosas suceden, la Corte Suprema continúa brindando el espectáculo vergonzoso de no ser capaz de remplazar a los magistrados que cumplieron su período legal, no elige a su presidente en propiedad y no elige, después de un año largo de vacancia, al fiscal general de la Nación. Creen satisfacer la opinión nacional con el manido argumento de que están "votando". Señores magistrados: no es votando es "eligiendo".
La ausencia de un fiscal general en propiedad contribuye a la pobreza de los resultados en la aplicación de la ley en la búsqueda de la justicia, la cual es lo que finalmente interesa.
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