Seis años lleva la pelea que libra un colectivo de ciudadanos con el Municipio de Envigado por las vallas publicitarias ubicadas en márgenes de la vía Las Palmas.
La pugna inició en 2007, cuando Michel Taverniers interpuso una acción popular por considerar que esos avisos "son ilegales, porque son contaminación visual y, además, atentan contra las normas de seguridad vial, pues generan distracción".
Según el artículo 40 de la Ley 140 de 1994, estatuto que reglamenta estos elementos en el país, "la publicidad exterior visual en las zonas rurales deberá estar a una distancia mínima de quince metros lineales a partir del borde de la calzada". Para el arquitecto y abogado Bernardo Hoyos, coadyuvante de Taverniers, "las vallas de Las Palmas no cumplen con la distancia legal, con la distancia mínima entre una y otra —de 250 metros—, ni la distancia con elementos de servicios públicos".
José Argemiro Guirales, de Planeación de Envigado, explicó que "particularmente, estas vallas fueron instaladas antes de la construcción de la doble calzada, a una distancia de quince metros de la calzada existente, y poseían su respectivo registro en los términos de la ley. De ahí que tales elementos podrían continuar instalados hasta su vencimiento o el de las autorizaciones otorgadas. Sin embargo, para 2006, con la puesta en funcionamiento de la doble calzada, las vallas registradas ya no conservaban 15 metros en relación a la calzada".
El Juzgado Primero Administrativo falló a favor de los ciudadanos y le solicitó al Municipio de Envigado remover los elementos visuales publicitarios, ajustándose a las normas vigentes. Entonces, "en 2010, en cumplimiento de dicha orden judicial, la Alcaldía procedió a remover los elementos visuales publicitarios y éstos fueron reubicados cumpliendo con las especificaciones descritas en la norma", aseguró Guirales.
Además, para verificación del cumplimiento de dicha orden, el Juzgado Tercero procedió a solicitar tres conceptos a entes idóneos que fueran considerados competentes. Participaron Corantioquia, la Policía y un comité de verificación. Según Guirales, "los tres conceptos coincidieron en que el Municipio le ha dado cumplimiento a la orden judicial impartida".
Así las cosas, aunque en diciembre de 2012 el juzgado archivó el proceso, los ciudadanos continúan inconformes porque consideran que "se trata de una explotación ilegal del paisaje como patrimonio de todos y lo más grave es que esa infestación de vallas está generando inseguridad vial", concluyeron.
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