Por donde se le mire, el proyecto hidroeléctrico Ituango es de enormes proporciones para la región y el país: tendrá un área inundada de 3.800 hectáreas en 70 kilómetros, una generación de 2.400 megavatios (la más grande del país), con un inversión de 3.000 millones de dólares y debe estar listo en diciembre de 2018.
Como si fuera poco, la obra tocará en alguna medida las poblaciones de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Yarumal, Valdivia, Peque, Sabanalarga, Liborina, Olaya y Buriticá.
Sin embargo, por apatía o porque no la convocan, la sociedad civil ha estado alejada de las decisiones que los propietarios de la obra están tomando: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Por eso el concejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, convocó a varias organizaciones para impulsar la Mesa de Debate Ciudadano en torno al proyecto.
Indicó que en la discusión de este megaproyecto está en juego la producción, el control de la riqueza en la región y el impacto de sus beneficios frente al conjunto de los pobladores de Antioquia. "Por tanto consideramos que debemos mantener la gestión pública del proyecto para incidir en el desarrollo local y regional".
Señaló el concejal que el impacto social, ambiental y cultural también entra en el debate. Además, históricamente los derechos de las poblaciones afectadas por el proyecto han sido vulnerados de manera sistemática, su voz no se ha escuchado y hoy ante las discusiones que se plantean sobre lo que allí pasará, siguen sin preguntarles cuál es su opinión.
"Por lo anterior, queremos invitar a los diferentes actores de la sociedad a sumarse a este propósito de defender la riqueza de la región para un proyecto de desarrollo equitativo y, de esta forma, desde la acción ciudadana, tengamos acceso a una información oportuna: ya está bien de confidencialidad. Éste proceso implica muchos factores no sólo los administrativos y financieros, por esto reiteramos que deben hacerlos de cara a la ciudadanía".
Isabel Zuleta, delegada de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, se mostró inquieta por la falta de respuestas en cuanto a la generación de empleo en la zona, mientras que María Soledad Betancur, representante del Instituto Popular de Capacitación (IPC), reclamó que sea una empresa pública la que construya y administre la obra y no se le entregue a empresas de otros países.
"No estamos a favor de una u otra empresa, lo que pedimos es más claridad y velamos por el patrimonio público".
En este planteamiento coincidió Oswaldo León Gómez, gerente de la Cooperativa Financiera Confiar, quien insistió en que la discusión debe ser abierta a toda la ciudadanía.
La Mesa de Debate Ciudadano se seguirá reuniendo de manera continua para que los directivos de la hidroeléctrica tengan en cuenta las posiciones de las comunidades vecinas a la obra.
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