Si bien la negativa de los habitantes de Piedras en el Tolima para que en su localidad se ejecuten proyectos mineros fue contundente, surgió de inmediato la polémica acerca de la pertinencia que tenía la aplicación de la consulta popular para decidir sobre un tema que sería de competencia del Gobierno Nacional.
La Ley de Participación Ciudadana que pasó a revisión de la Corte Constitucional y fue devuelta al Congreso para correcciones de forma, tendría la clave para que el Gobierno no quede contra la pared frente a otras iniciativas populares que pudieran frenar proyectos de este tipo, indicó el viceministro de Participación e Igualdad, Aníbal Fernández de Soto.
Sin embargo, la iniciativa de los habitantes de Piedras, que fue aplaudida a través de las redes sociales por partidos de oposición al Gobierno, líderes ambientales y sociales, tendría un nuevo capítulo, dado que el Ejecutivo estudia si el resultado es vinculante (ver análisis).
Según los ministros de Minas, Federico Renjifo, y de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, el Ministerio del Interior sería el encargado de tomar la decisión, puesto que el subsuelo es propiedad del Estado y es a través de las autoridades mineras y ambientales del orden nacional que se define la viabilidad de estas iniciativas.
No obstante, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, señaló que la consulta popular no alude a la disposición de los terrenos sino a la toma de decisión, que se hace en determinado caso. "La Constitución y la Ley 134 de 1994, que es la ley de mecanismos de participación, dice que lo que se diga en la consulta obliga al Estado. Yo le daría prelación a la consulta para que el Estado, así sea el propietario, sepa qué hace con esos bienes".
Advertencia al Alcalde
Hernando Escobar, abogado experto en temas mineros, indicó que "las consultas municipales no pueden ser utilizadas para tratar temas que son materia de leyes y muchísimo menos para modificar la Constitución".
"Si hay un Código de Minas que les permite al Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera dar los contratos de concesión, ¿cómo se van a revocar por decisiones populares?", se preguntó el abogado.
Ese cuestionamiento es el mismo que el 25 de julio hizo la Procuraduría General al alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila, en el que le recordaba que la decisión de establecer zonas excluidas de la minería, compete exclusivamente a las autoridades ambiental y minera.
Además, le advertía que en caso de emitir algún acto administrativo que vaya en contra de la normatividad podría incurrir en una falta gravísima.
Frente a esta situación, el alcalde dijo citado por Colprensa que aunque el documento es una advertencia él es respetuoso de la ley. "Creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de pronunciarse sobre lo que le conviene y debe ser respetado".
De ahí que se comprometió a que tanto la Alcaldía como el Concejo se encargarán de que la decisión de la comunidad quede consagrada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, lo que evitaría que se presentaran nuevos proyectos mineros.
Polémica por la pregunta
Otra inquietud que surgió dentro del proceso de Piedras tuvo que ver con la redacción de la pregunta que se hizo en la consulta. La misma se planteó de la siguente manera: "Está de acuerdo, como habitante de Piedras, Tolima, que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola del municipio."
Esta pregunta, según la compañía minera AngloGold Ashanti, estaba elaborada de tal manera que era imposible decir no.
"Estamos convencidos de que esta respuesta refleja el desconocimiento del proyecto, que representa progreso para la región. La comunidad debe comprender el proyecto La Colosa, sus impactos y beneficios, para tomar decisiones informadas. En nuestras actividades cuidamos cada gota de agua y por eso aseguramos que no afectaremos ni la calidad ni la cantidad de este recurso", señaló la empresa a través de un comunicado.
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