Después de la consulta realizada en la asamblea extraordinaria realizada el miércoles en el país, el presidente de Asonal, Fabio Hernández, informó este jueves que los empleados judiciales retornarán a sus labores.
El cese de actividades ya completaba 44 días.
Según Hernández, la consulta adelantada hasta la noche del miércoles arrojó los siguientes resultados: 5.726 empleados votaron afirmativamente por regresar a sus labores, mientras que 5.363 manifestaron su intención de continuar con el paro.
A estas cifras sólo falta oficializar el escrutinio de las votaciones en los tres departamentos del eje cafetero, resultados que no han llegado a la base de datos central. Sin embargo, el escrutinio extraoficial en Quindío, Caldas y Risaralda también arrojó una mayoría a favor del reinicio de actividades.
Hernández explicó que la decisión se tomó por “oxigenar el movimiento” y que ahora solo están a la espera del cumplimiento de los decretos por parte del Gobierno, en los que señala el incremento de 111 mil millones de pesos que se verán reflejados en una prima salarial.
El presidente de Asonal, que subrayó que el paro está suspendido, también se mostró a la espera que el Gobierno cumpla con el ofrecimiento de dialogar en el mes de mayo para cumplir con la nivelación salarial, estipulada en la Ley Cuarta del 92.
Reveló que adelantan gestiones de lobby en el Congreso de la República, especialmente en las comisiones económicas, para que en la aprobación del presupuesto de 2009 se adicione una partida superior para los empleados de la rama judicial.
Según cifras divulgadas por el presidente de la República, Álvaro Uribe, hasta la semana pasada había una congestión de más de 160.000 procesos y alrededor de 2.700 detenidos por delitos como homicidio, tenencia de armas y narcotráfico habían quedado libres por el vencimiento de los términos judiciales.
Además, se suspendieron más de 25.000 audiencias judiciales.
Gobierno alista tercer decreto de conmoción
El ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, calificó como un “acto de cordura” la decisión de los trabajadores de la Rama Judicial de reestablecer “un servicio público esencial” como es la justicia.
Valencia insistió en la obligación adquirida del Gobierno, plasmado hasta ahora en los decretos de reajustes salariales y de primas de actividad judicial, que comprometen recursos por 111.000 millones de pesos.
“En mayo nos volveremos a sentar y, de acuerdo con los indicadores económicos del momento miraremos la posibilidad de un nuevo ajuste. Los funcionarios y jueces deben también comprender que hay una realidad fiscal del país y unas condiciones económicas externas que nos marcarán la pauta para el siguiente paso”, dijo el Ministro Valencia Cossio.
Anticipó que el gobierno expedirá un nuevo decreto de Conmoción Interior para otorgarle al Consejo Superior de la Judicatura facultades especiales para que ponga en marcha el llamado ‘Plan Nacional Contingente de Descongestión Judicial’.
Sigue el estado de conmoción
Así, Valencia Cossio, descartó que tras la suspensión del paro el Gobierno pudiera retirar el estado de conmoción interior.
“(La Conmoción) fue declarada por los efectos nocivos que para la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana produjo la parálisis judicial. El estado de excepción se mantendrá y durante su vigencia estaremos haciendo frente a esas consecuencias dañinas del paro, dictando los decretos que como el que le anuncio, sean necesarios para que el país restablezca la normalidad en la prestación del servicio esencial de la Justicia”, explicó el Ministro.
Lo que si aclaró Valencia es el que el Gobierno “en ningún caso” tomará para el Ejecutivo ninguna atribución que corresponda a la Rama Judicial: “sólo implementará a través de los decretos legislativos los mecanismos transitorios que sean necesarios y que sirvan a la estrategia de descongestión judicial y de acceso a la justicia, cuyo diseño está en marcha”, dijo.
Valencia Cossio advirtió que existe una falencia en la propia justicia que era la encargada decretar la ilegalidad del paro, porque después de 44 días del cese de actividades no se produjo ninguna decisión al respecto.
