Colombia tiene un déficit habitacional acumulado que el Ministerio de Vivienda estima en 780 mil soluciones, al tiempo que cada año se forman 280 mil nuevos hogares y los últimos años promedian la edificación anual de 220 mil viviendas. Además el país tenía a diciembre de 2013 462.217 más hogares que viviendas, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane.
Con esos indicadores, la necesidad del país desborda los esfuerzos del gobierno colombiano por proveer vivienda digna, a pesar de fijarse una meta de que se construyan 1,2 millones de soluciones de hoy hasta 2018. Esto también implica buscar al menos 12 mil hectáreas urbanizables en condiciones razonables, según cálculos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
Ad portas de comenzar la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en que se podrían consignar nuevos lineamientos de política pública de vivienda, en Medellín se dejaron sobre la mesa experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica.
Esto, durante la versión 29 del Congreso de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (Fiic), que conforman 18 cámaras de igual número de países de la región.
Una de las iniciativas que puede evaluar el segundo gobierno de Santos es la de Panamá, que la convierte en el país de mayor propietarios (82 por ciento) de vivienda de la región, según la Cepal.
A diferencia de Colombia, el subsidio a la tasa hipotecaria se dirige a todos los rangos de vivienda (no solo a la de interés social), acompañado de unas tasas preferenciales y un régimen de ley más favorable a las entidades financieras que beneficia al año a 13 mil familias del istmo.
"Las condiciones permiten que haya préstamos a más largo plazo, a una tasa muy baja y el gobierno panameño no debe hacer un esfuerzo fiscal directo, porque su aporte se cruza con las obligaciones tributarias de los bancos", precisa Sandra Forero, presidenta de Camacol.
Asimismo, dentro de las políticas de vivienda chilenas sobresale el subsidio para la construcción o compra de vivienda nueva o usada. Se dirige al 20 por ciento de población más pobre e implica un ahorro mínimo equivalente a 423 dólares. Así se benefician al año unos 33 mil hogares.
"Con la aplicación consistente de estas políticas focalizadas prácticamente se superó el déficit habitacional en segmentos pobres de la población y ahora se redireccionan a las clases medias", puntualiza el presidente de la Fiic, Juan Ignacio Silva.
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