A dos debates de ser aprobado en el Congreso, el senador Juan Manuel Galán considera que con los cambios que se introdujeron en la iniciativa sobre fuero militar que será votada el martes en la Comisión Primera del Senado se evita el riesgo de perder la certificación en derechos humanos otorgada por el Gobierno de Estados Unidos.
La iniciativa establece que ni los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado irán a la Justicia Penal Militar. Las demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) serán conocidas exclusivamente por tribunales militares o policiales.
"Pasamos de tres delitos que se habían aprobado en Cámara a siete que contemplan, entre otros, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). Así se puede dar cumplimiento a todo lo que se ha contemplado en el Estatuto de Roma", indicó Galán, uno de los ponentes del proyecto.
El senador de la U, Armando Benedetti, otro de los ponentes, explicó que al ampliar los delitos que pasan a la justicia ordinaria se reafirma el criterio que excluye de la jurisdicción castrense las graves violaciones a los derechos humanos y que nada tienen que ver con los actos de servicio.
El senador Galán también destacó el hecho de que el Tribunal de Garantías Penales (integrado por ocho magistrados: cuatro militares retirados y cuatro civiles) será el que dirima los conflictos de competencias y no el Consejo Superior de la Judicatura, como se votó en la Cámara.
Esto, indicó Galán, agilizará los procesos porque la definición de competencias estaba demorando entre cinco meses y cinco años.
Ayer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ- presentó un documento en el que expone sus dudas sobre la conveniencia del proyecto que reñiría con la justicia transicional y también cuestiona la efectividad de la Justicia Penal Militar.
El informe, citado por Colprensa, cuestiona el hecho de que quienes promueven la reforma argumentan que la justicia militar es la más capacitada para entender este tipo de escenarios porque entienden las acciones militares. No obstante, considera que el proyecto tiene "fallas y plantea interrogantes acerca de las verdaderas razones para impulsar la propuesta de reforma".
Galán señaló que con las reformas que se hicieron al proyecto, las objeciones del ICTJ y de algunos organismos internacionales quedan sin fundamento.
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