Una decisión adoptada por la Gobernación en 2001 ha tenido como desenlace, hasta ahora, el pago de 6.500 millones de pesos de recursos del Departamento a 27 empleados que fueron despedidos en ese entonces.
Todo comenzó con un proceso de reestructuración aplicado en el Departamento, fundamentado en la Ley 617 para controlar el gasto de las entidades públicas, que terminó por despedir a unos 400 empleados de la Gobernación de Antioquia.
De estos, 380 emprendieron demandas contra la Administración y desde 2011 parte de los fallos han resultado a favor de los funcionarios despedidos.
Según Juan Pablo Marín, director de Procesos y Reclamaciones de la Gobernación de Antioquia, hay 27 procesos finiquitados que condujeron a iniciar acciones de repetición por 6.500 millones de pesos, contra los funcionarios que en su momento firmaron los actos administrativos.
Además, hay 48 procesos que están en trámite, es decir sentencias que todavía no han salido o que están en primera instancia o en apelación o pendientes de que el Tribunal Administrativo de Antioquia se pronuncie.
También hay otros 22 procesos que aunque están terminados, están en trámite de liquidación y de análisis para eventuales acciones de repetición, de acuerdo con lo que el Comité de Conciliación decida.
Marín explica que la ley establece la obligación a las entidades públicas, que cuando pague una sentencia, debe buscar si se configuran elementos para iniciar una acción de repetición para que trate de recuperar los dineros que tuvo que pagar por las demandas que ya fueron falladas y pagadas.
"De los 48 casos en trámite se habla de una cuantía de 1.500 millones de pesos. Una vez el juez falla se actualiza a valores de hoy", anota Marín. Agregó que en los procesos fallados a favor de los empleados despedidos se invocaron irregularidades cometidas en el estudio técnico, que determinaba quién debía salir.
"Esta administración encontró que el control de las demandas no se hacía por la causa concreta de la acción sino por el tipo, que en el Contencioso Administrativo se llama nulidad y restablecimiento del derecho, y lo que encontramos en las bases de datos era que había cerca de 380 demandas por esa reestructuración".
Según el presidente de la Asociación de Empleados de Antioquia, Luis Valderrama, son decisiones equivocadas de administraciones anteriores y que le toca a este Gobierno responder por ellas. "Siempre dijimos al Gobierno que en la aplicación de la ley 617, el problema no era de empleados, sino de revisar los gastos del departamento, pero infortunadamente la decisión final, orientada por la Secretaría de Hacienda, fue la estocada final con el despido".
Ómar David, vicepresidente de Sintradepartamento, asegura que en 2004 hubo un despido masivo de 238 trabajadores oficiales, que demandaron. "Algunos procesos se han perdido, pero la mayoría están parados".
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