Destacan pugnas políticas de todos los colores, cifras históricas y un hallazgo esperado durante dos décadas.
El año que termina estuvo lleno de tensiones políticas desde todos los bandos, hitos para los más importantes proyectos de infraestructura que avanzan en la región, registros históricos como la reducción de los homicidios en Medellín y la aparición de los primeros restos humanos en La Escombrera. A continuación hacemos un recuento de los hechos que fueron noticia en 2024.
El 25 de octubre se hizo oficial que el gobierno del presidente Gustavo Petro habilitó a la Gobernación de Antioquia para concluir las obras del Túnel del Toyo. La cesión del contrato para terminar el sector 1 del tramo 2 del proyecto finalizó tras casi un año de tensiones entre el gobierno central en Bogotá y la dirigencia política antioqueña, permitiendo destrabar los trabajos que faltan para concluir los 4,2 kilómetros de este primer sector. Dicho segmento se trata de una franja que va desde Santa Fe de Antioquia hasta la entrada del túnel en Giraldo.
El Túnel del Toyo es uno de los proyectos de infraestructura 4G más importantes del departamento y que unirá a las vías Mar 1 y Mar 2. Una vez concluidas será posible llegar desde Medellín a Urabá en solo cuatro horas.
Con este acuerdo se espera despejar el panorama de la megaobra y que pueda ser entregada a finales de 2026.
2024 será recordado como el año en el que la sociedad civil y las autoridades se volcaron a enfrentar la explotación sexual, sobre todo contra niños, niñas y adolescentes, dinamizada por el turismo masivo en Medellín. A medida que la ciudadanía formó una posición activa frente a la problemática, lo que derivó en denuncias contra pedófilos y hoteles, las autoridades locales unieron esfuerzos con Interpol y otras agencias y esto permitió que aumentarán en más de un 1.000% las capturas por delitos sexuales en la ciudad.
Hasta comienzos de diciembre, la plataforma Angel Watch, que entró en operación este año en Colombia, generó 700 alertas por ingresos al país de criminales sexuales y hasta el mismo mes se inadmitieron a 756 personas que pretendían ingresar a la ciudad, 27 de ellas con antecedentes penales por delitos sexuales contra menores de edad.
La vaca por las vías 4G fue una de las grandes apuestas del gobernador Andrés Julián Rendón. Fue una estrategia orientada a movilizar el civismo, pero también un pulso político. Sin embargo, por más que intentó revivirla varias veces, finalmente el mandatario oficializó la muerte de la vaca a inicios de diciembre, después de nueve meses en los que escasamente superó los $6.000 millones (15.000 aportantes), el 0,6% de la meta de un billón que se planteó. Rendón reconoció que la iniciativa no salió bien, aunque aseguró que sirvió como mensaje de “unión” del departamento para enfrentar la desfinanciación de las vías 4G ordenada por la Nación. Para lo que sí sirvió fue para armar una tormenta política y jurídica, pues además de las peleas entre Rendón y el presidente Gustavo Petro, varios congresistas terminaron demandados con riesgo de perder la curul, susto del que se salvaron no sin antes hacer varias maromas para zafarse del entuerto.
Medellín finalizará este año con la menor cantidad de homicidios totales desde 1976 y la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes desde 1942. Después de casi un siglo marcado por periodos sangrientos como la violencia bipartidista, las pugnas entre contrabandistas, la aparición del narcotráfico y el posterior reacomodo de bandas con sus luchas intestinas, finalmente a partir de 2019 las cifras de homicidios comenzaron a bajar notablemente. Expertos apuntan como responsables de que en 2024 se llegara a la tasa más baja de homicidios en 82 años a los diálogos entre bandas que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro y también a la estrategia de seguridad del Distrito.
La Universidad de Antioquia cerrará este 2024 con un déficit de $138.000 millones. La crisis financiera que arrastra desde hace varios años, y que empeoró en el actual periodo, mantiene en vilo a estudiantes, docentes y personal administrativo. Sin soluciones de fondo a la vista, el lío se encuentra en la mitad de un tire y afloje político entre el gobierno de Gustavo Petro y la Gobernación de Antioquia, quienes se achacan mutuamente la responsabilidad por la crisis. Hasta la Alcaldía de Medellín, pese no tener incidencia en el funcionamiento administrativo de la institución, ha sido mencionada en medio de la discusión, porque el 50% de la población universitaria habita la capital antioqueña.
Las directivas de la universidad, en cabeza del rector John Jairo Arboleda, emprendieron un plan de austeridad que hasta ahora ha generado reparos sobre todo en la base de docentes de cátedra. El alma máter tendrá en 2025 un año crucial para definir su futuro.
Medellín todavía intentaba sacudirse de lo que fueron cuatro años de la administración Daniel Quintero, cuando en marzo de este año el alcalde Federico Gutiérrez anunció que tras tres meses de investigaciones al interior del Distrito encontraron 501 hallazgos de presunta corrupción de su antecesor y cientos de funcionarios de diversos rangos involucrados.
Las pruebas fueron entregadas a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Personería de Medellín, y aunque la ciudadanía esperaba más celeridad en el avance de las investigaciones sí ha tenido, por ahora, un impacto en la imagen de Quintero y su grupo político, que se ha convertido en una especie de caballo de troya para el progresismo, pues varios sectores sociales y políticos afines al presidente Petro, tras valorar estos hallazgos y pruebas públicas, le han pedido pública y privadamente a Petro y su entorno alejarse de Quintero.
Un tribunal de arbitraje internacional determinó que el Consorcio CCC Ituango, constructor de Hidroituango, no tuvo responsabilidad en el colapso de la galería auxiliar de desviación, que desató la contingencia en abril 2018. La decisión dejó sin piso el pleito que detonó la administración de Daniel Quintero, quien desde 2020 lanzó una campaña propagandística para culpar a los contratistas porque, supuestamente, habían cambiado los diseños y usado materiales de baja calidad. El proceso arrancó en enero 2021, cuando el Consorcio CCCI activó una cláusula en la que se acordaba que, cualquier diferencia con EPM en el marco de la emergencia ocurrida en 2018, se resolvería a través de un arbitraje. Pero además de que la conciliación fracasó, Quintero enturbió más el panorama con una demanda por $9,9 billones contra los contratistas. La decisión obliga a EPM a pagar una parte del incentivo pactado. Lo más importante es que desestima los señalamientos que hizo sin pruebas el exalcalde.
Con la imputación en octubre pasado a la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro, se completaron 13 imputados, entre exfuncionarios y excontratistas, que confomaron el círculo cercano de Daniel Quintero durante su alcaldía.
Los otros imputados por la Fiscalía por diversos actos de presunta corrupción son los exdirectores de Metroparques Jorge Enrique Liévano, María Eugenia Domínguez; la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo; la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego; Álvaro Alonso Villada, exsubdirector del Área Metropolitana y Lina Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo.
También llegaron a etapa de imputación los excontratistas Juan Alexander Pino, Fabio Miguel Mestra, Yamileth Galíndez Chilito, Luz Eliana Henao, Mauricio Jaramillo, Henry Paulison Gómez.
Y para completar, el exsecretario de Comunicaciones, Juan José Aux, afronta pliego de cargos en Procuraduría por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Universidad Nacional, mientras que Juan David Duque, exsecretario Privado de Quintero, responde por malos manejos del fondo fijo.
A inicios de diciembre la Fiscalía pidió 10 años de cárcel para Diana Toro, Jorge Liévano y el representa de Cyan, Mauricio Jaramillo, por un caso de presunta corrupción que le costó a la ciudad $20.000 millones.
A 150 metros de la base que montaron los paramilitares en La Escombrera fueron hallados los restos de tres personas, tres víctimas cuyos nombres por fin serán devueltos, con lo que se puso fin a dos décadas de búsqueda infructuosa por parte de las familias de los desaparecidos de la Comuna 13 que durante ese tiempo fueron sometidos a un sinfín de revictimizaciones por parte de ilegales y del propio Estado.
El hallazgo de la Unidad de Búsqueda y de la JEP desató también una disputa política, pues mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro respaldó el hallazgo de los restos acusando la alianza del Estado y el paramilitarismo, el expresidente Álvaro Uribe, quien ordenó la Operación Orión, defendió el proceder de las fuerzas armadas y negó su participación en desapariciones a la población civil.
En medio de la disputa las víctimas reclamaron que cese el manoseo político, que ellas sean la voz central y que la búsqueda no cese en La Escombrera en 2025 hasta hallar a todos los desaparecidos.
