Como una huelga que todavía no obtiene su tiquete de regreso, puede describirse el cese de actividades que por siete semanas llevaron a cabo los pilotos de Avianca, afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).
Ellos se embarcaron en una protesta para que se cumplieran exigencias planteadas en un ambicioso pliego de peticiones y, aunque el movimiento tomó vuelo, finalmente fue levantado sin que pudieran lograr nada a cambio y dejando pendientes procesos legales, laborales y disciplinarios, cuyas definiciones y consecuencias están por verse. Entonces, ¿para qué sostener una huelga de casi dos meses?
En un comunicado, Avianca resaltó el regreso de los pilotos de Acdac, y anunció que a cada uno se le realizará un proceso para garantizar que su reintegro se haga bajo los estándares de rigor operacional y que deberán acudir al Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio del Trabajo.
Pero, la lista de impactos es larga e inicia, según Avianca, con la cancelación de 13.924 vuelos y los perjuicios a 420.194 viajeros, lo que se reflejará en los resultados de la empresa a final de año.
La aerolínea siempre dijo que por cada día de parálisis se perdían 2,5 millones de dólares. En ese contexto, las pérdidas deben superar los 127,5 millones de dólares. Aunque el próximo martes Avianca revelará sus resultados financieros con corte a septiembre, la firma comisionista Casa de Bolsa señaló que no se verán afectados en gran medida, porque apenas se relacionarán once días de la huelga.
En el mercado bursátil, la acción de la aerolínea observó una reducción en su precio de 9,6 %, pues el 20 de septiembre cuando arrancó el paro de pilotos se cotizaba a 2.900 pesos y el jueves estuvo a 2.620 pesos. En lo corrido del año la desvalorización del título es de 27,2 % (ver gráfico).
Adicionalmente, el cese de actividades también se evidenció en el desempeño de otros sectores productivos como el comercio, la hotelería, el turismo y el transporte aéreo y terrestre de pasajeros (ver módulos).
También puede agregarse el desgaste sufrido por personas e instituciones que intentaron intervenir y mediar en el conflicto laboral como la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo; algunos congresistas, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y hasta la justicia que recibió múltiples demandas, recursos de apelación y tutelas que aún no se resuelven.
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