La corrupción no distingue clase económica, nivel académico o rol social. Desde las decisiones del alto Gobierno y hasta en las vivencias del ciudadano de a pie, se presentan prácticas conscientes y recurrentes que afectan a todos.
En palabras de Elisabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia, la corrupción se globaliza cada vez más, lo que se traduce en la frecuente participación de actores nacionales e internacionales, públicos y privados. “Por lo que combatirla requiere de esfuerzos conjuntos”.
Pero no queda duda que son los escándalos de corrupción dentro del Estado los que más indignación generan.
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Ernesto Matallana, experto en contratación pública del Externado, evaluó en su tesis doctoral 253 licitaciones públicas para adjudicar obras por más de mil millones de pesos, entre el 14 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. Halló que 85 % tenía uno o dos oferentes, 84% poseían un descuento menor de 0,5 %, y 80 % tenían reglas desproporcionadas.
En Perú, ante un escándalo de corrupción de un alto funcionario, en octubre pasado, el presidente Pedro Kuczynski tomó cinco medidas: revisar parámetros para elegir sus asesores; revisar que los ministros estén rodeados de personas idóneas; presentar un proyecto de ley de muerte civil para corruptos; alinear los tres poderes públicos; y crear la Comisión de Integridad Presidencial.
Con ese antecedente, llegó la hora en nuestro país de revaluar la formación en derechos y deberes en las aulas, redoblar medidas en el Estado para hacer valer lo sagrado de lo público e implementar el polígrafo en organizaciones públicas y privadas como medida de transparencia.
Hoy Gobierno, partidos y precandidatos enarbolan la bandera anticorrupción. Aún así, esta se campea, en la mayoría de los casos, por los caminos de la impunidad y el olvido.
