Desde que el Gobierno decidió sacar adelante la negociación de paz con las Farc, a pesar del resultado del plebiscito, la sostenibilidad política y económica de ese acuerdo se convirtió en todo un dilema que podría tener respuestas después de la contienda electoral que se avecina en todo el territorio nacional.
Sin embargo, para académicos, aunque exista polarización sobre la manera en la que se debe dar la paz, se podría considerar que eso no es razón suficiente para que sea determinante a la hora de volver sostenible lo acordado.
Según José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, el país no conoce con certeza los costos reales del acuerdo con las Farc. En su concepto, esa es una respuesta que los colombianos desconocen. “Hay muchas estimaciones de los costos, pero no dejan de ser eso, estimaciones. Por ejemplo, no hay una cuantificación clara de cuánto valdrá la reforma rural que se pactó, la infraestructura que se debe hacer, el proceso de desmovilización, el proyecto de reparación a las víctimas, el retorno de los desplazados, la reinserción de los guerrilleros, los cambio en la justicia... y cuando usted suma todo esto, si bien hay buena parte en el presupuesto, no está todo el monto y esto podría representar entre uno y dos puntos del pib (cerca de 12 billones de pesos durante 10 años) y no contamos con los recursos”.
A todo esto, agrega Restrepo, hay que sumarle otras necesidades que tiene Colombia, que no solo se ciñen al proceso, pues hay que seguir invirtiendo en educación, salud, pensiones, educación, infraestructura y otra serie de asuntos que demandan recursos del Estado.
Una deuda histórica
Para Jorge Gallego, docente y director de la maestría de Economía y Políticas Públicas del Rosario, son válidos los argumentos que hay en contra del plebiscito, comprende la división generada, pero considera que es independiente de lo que tiene que invertir el país en el posconflicto. “Buena parte de ese costo tiene que ver con programas sociales que debe implementar el Gobierno, no solo para desmovilizados, también para las víctimas y en general para la población de esa Colombia rural que se ha visto azotada por el conflicto y esas inversiones deberían hacerse, independiente de si hay polarización”.
Por su parte, Angelika Rettberg Beil, directora del programa de investigación sobre conflicto armado y construcción de paz de la Universidad de Los Andes, dice que la sostenibilidad del acuerdo depende de varios factores, incluyendo la voluntad de las partes de cumplir lo acordado, y de acatar las observaciones y recomendaciones de la comisión de verificación; la disponibilidad de recursos (nacionales e internacionales); y la disposición de la sociedad colombiana de valorar el cumplimiento o castigar el incumplimiento (por medio de las próximas elecciones o reflejado en la opinión pública).
“La primera condición está garantizada hasta la finalización del gobierno de Juan Manuel Santos; tanto el gobierno como las Farc han dicho que tienen interés en avanzar y no se registran incumplimientos graves. La segunda es más incierta, y depende de lo que entendemos como los ingredientes del cumplimiento. Gracias a la experiencia acumulada en reintegración de antiguos combatientes, y a los bajos costos de la misma (en contraste con los costos de la reparación a las más de 8 millones de víctimas registradas o del proyecto de paz territorial), considero que esto se logrará sin problema. Más compleja será la reintegración política, para la cual aún hay poco apoyo popular”. Concluye que el acuerdo, leído puntualmente, es sostenible. Lo que está por verse es su completa implementación en el mediano y largo plazo, a medida que pierda relevancia en el debate nacional.
Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit asegura que aunque el acuerdo con las Farc no tuvo consenso, para el próximo presidente será un hecho cumplido. Sobre la sostenibilidad económica, asegura que “el grueso de los costos, poco más del 90 %, provendrán de la reforma rural integral y la sustitución de cultivos. Esos programas van dirigidos a las comunidades de la periferia, las vulnerables y excluidas del país. Plata no sobra, pero cuestan menos de la mitad de lo que se calcula que se pierde por corrupción. No es una tarea fácil pero hay que hacerla pues se trata de un pendiente de dos siglos en la construcción de Estado y la garantía de que realmente todos los colombianos, no solo los del centro, se incorporen al mundo moderno. No se debe preguntar si es posible. Lo tenemos que hacer, el asunto es cómo”.
