El pasado 30 de agosto, Ana Mercedes Vivas, hija de la poeta de 98 años Maruja Vieira, recibió un correo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) en la que le “pedían (a Maruja) su consentimiento para revocar el acto administrativo que le daba la pensión de Cajanal, y que si ese consentimiento no se daba, ellos tomarían acciones legales para la revocatoria parcial o total de la pensión. La carta es muy coactiva, tiene un tono imposible. Mencionaban a la ley 100 y un montón de cosas que no la cobijan ni por el tiempo de la ley ni por el origen de todas estas cosas”.
Viva afirma que su mamá “recibe dos pensiones, una de Colpensiones de 1987 y una de Cajanal de 1992, agosto, pero que se tramitó en 1990”. Sumadas las dos no llegan efectivos 2’500.000 al mes, por lo que ella debe subsidiar el 75 % del sostenimiento de Maruja, cuestión que se ve amenazada por la amenaza de perder una pensión, precisamente la más generosa. “Yo soy hija única, yo no tengo ni papá ni hermano ni esposo ni nada, Maruja solo me tiene a mí”.
Como parte de la vida laboral de Maruja se desarrolló en Cali, Vivas recurrió a una abogada en esa ciudad, precisamente a Olga Patricia Franco Galvis, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Laboral y en Seguridad Social, incluso cuenta con especializaciones en estas ramas e hizo parte de la lista para ser Magistrado de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral.
Cuando llegaron donde Franco ella les explicó “que la administración o el Estado no puede de un momento a otro hacer la revocatoria de la Resolución que concedió la pensión, que para esto debe proponer una demanda ante la justicia administrativa y que un Juez administrativo evalúe si la UGPP tiene la razón podrá revocarse esta decisión”.
Franco tomó todos los recursos disponibles y solicitó el archivo de la investigación para “demostrar que dicha investigación no se encontraba dentro del marco jurídico para proseguir con una demanda de lesividad contra la aquí investigada”.
Posteriormente esta entidad le respondió con otra resolución donde dicen que como no se hizo la renuncia entonces que procederían con las acciones legales, y que sería el juez quien tome la decisión.
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