El caso que puso a la Fundación de Educación Superior San José en el centro de una investigación penal comenzó con dos diplomas y una aspiración política; el país se ha indignado por lo que hizo Juliana Guerrero, cercana al expresidente Gustavo Petro, quien aceptó su responsabilidad hace unos días. Pero documentos obtenidos por EL COLOMBIANO revelan que los líos no terminan ahí.
Alrededor de la institución aparecen directivos que obtuvieron títulos en esa misma universidad, familiares que figuran en estructuras empresariales relacionadas, registros manipulados de pruebas Saber Pro y una sociedad de educación virtual —Politécnico ICAFT—, cuya composición fue modificándose mientras cambiaban las alianzas entre quienes estaban alrededor de la San José.
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Una empresa de familia
Uno de los primeros nombres que aparece al reconstruir la estructura de poder de la San José es el de Francisco Pareja, quien ejerció como una de las principales figuras de autoridad de la institución y como dueño de la misma. Sobre Pareja existe además una controversia documentada alrededor de su propia formación académica.
Investigaciones conocidas durante este año señalaron que los títulos que aparecen acreditados a su nombre fueron expedidos por la misma institución que dirigía y que no habría presentado las pruebas de Estado requeridas para algunos de ellos.
EL COLOMBIANO encontró que dos de sus títulos fueron firmados por su esposa, quien tenía funciones dentro de la institución como rectora hasta marzo pasado que entregó su cargo, en medio de las denuncias, a Carlos Eduardo Rodríguez Pulido.
La documentación revisada muestra que otros integrantes del núcleo Pareja aparecen relacionados con la San José y que varios miembros de la familia figuran en registros de las pruebas Saber Pro asociados a esa institución, como sucedió con Guerrero.
Es decir, el vínculo con la universidad no aparece únicamente en la trayectoria de quien estaba en la cabeza de la organización, se extiende a su círculo familiar, y ese mismo patrón vuelve a aparecer cuando se mira hacia otros integrantes de la cúpula.
El círculo de Stefanie Camacho
Stefanie Camacho, vicerrectora de la institución, también obtuvo títulos académicos expedidos por la San José y aparece registrada presentando las pruebas Saber Pro. Pero el dato que adquiere relevancia en la investigación está en su entorno familiar y en la creación de ICAFT.
Entre los documentos revisados aparece Clara Inés Galindo Díaz, madre de Camacho con título en la San José con presentación pendiente de Saber Pro. Ella figura en ICAFT, una especie de universidad “fachada”, según denuncias de la congresista Jennifer Pedraza. Camacho entonces ha armado una estructura con personas de confianza y familiares vinculados a la San José.
Esa institución virtual funciona como una pieza clave en una sombrilla grande con la San José. Detrás de su operación aparecen Stephanie Camacho, su pareja Andrés Méndez Flórez y Luis Carlos Gutiérrez, este último condenado gracias a un preacuerdo con la Fiscalía, quienes estarían vinculados a la propiedad y control de ICAFT y de la Universidad San José.
El enlace entre ICAFT y el entramado corporativo, según reportes hechos por la senadora Pedraza, es Mauricio Guevara Marín, quien figura como representante legal de ICAFT y, al mismo tiempo, como copropietario de Blue Hartmann junto con Andrés Méndez Flórez.
La empresa, creada en 2021 por Méndez Flórez, pasó de registrar un capital inicial de $1.900 millones a reportar ingresos por $27.971 millones en cuatro años, un crecimiento cercano al 1.300 %.
Buena parte de ese movimiento estaría relacionado con contratos suscritos con instituciones educativas vinculadas a la red, lo que plantea un esquema de contratación entre personas cercanas o relacionadas, un modelo de “yo con yo” en el que directivos y socios aparecen conectados con empresas que prestan servicios a las propias instituciones.
De acuerdo con los documentos y testimonios revisados, Blue Hartmann concentra al menos tres funciones estratégicas: la captación de estudiantes mediante publicidad digital y ofertas de programas académicos de corta duración; la operación tecnológica de las plataformas utilizadas para la educación virtual; y la organización de jornadas masivas de graduación, conocidas como “graduatones”.
La estructura, según esta investigación, habría permitido trasladar a empresas relacionadas parte de la operación y de los recursos generados alrededor de las instituciones educativas, en un sector en el que la Ley 30 de 1992 establece restricciones al ánimo de lucro de las instituciones de educación superior.
Ese entramado también alcanza los vínculos familiares. En el caso de Camacho, sus padres fueron incorporados inicialmente a la estructura de ICAFT y, posteriormente, tras un conflicto entre integrantes de la cúpula de la San José y personas vinculadas a Blue Hartmann, salieron de ella.
El movimiento tampoco aparece como un episodio aislado: desde el equipo de trabajo de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien ha documentado y denunciado casos como el de Juliana Guerrero, ya se han recopilado elementos sobre titulaciones otorgadas a familiares dentro de la Universidad San José.
Gutiérrez vuelve a aparecer
Otro de los nombres que conecta la estructura académica con ICAFT es precisamente el del exsecretario Luis Carlos Gutiérrez Martínez. Antes de convertirse en el responsable reconocido judicialmente por la expedición irregular de los documentos de Juliana Guerrero, Gutiérrez ya hacía parte de la estructura directiva de la San José.
También figura con títulos de la institución y aparece relacionado con ella en los registros de las pruebas Saber Pro. Su entorno familiar aparece igualmente en los documentos de ICAFT. Su esposa, Eloira Margoth Cogollo Caro, figura con títulos expedidos por la San José y fue incorporada inicialmente a la estructura de ICAFT.
Posteriormente, su nombre desapareció de esa composición durante una modificación del RUT. El dato es importante por la secuencia: personas relacionadas con la dirección de la San José aparecen en los registros académicos de la institución y, paralelamente, familiares suyos terminan ocupando posiciones formales en otra estructura educativa relacionada con los mismos protagonistas.
Mientras tanto, Gutiérrez terminó convertido en la primera pieza de esa estructura con una responsabilidad establecida judicialmente.
El juez 46 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá concluyó que, como secretario general, autorizó la expedición de diplomas y actas que no correspondían a la verdad y avaló el preacuerdo mediante el cual aceptó su responsabilidad.
Es en ICAFT donde los distintos núcleos comienzan a cruzarse. De acuerdo con los documentos revisados, Andrés Méndez Flores, Stefanie Camacho y Luis Carlos Gutiérrez habrían acordado no aparecer directamente en la estructura inicial y delegar la representación en personas de sus círculos cercanos.
Por un lado estaban familiares de Camacho; por otro, la esposa de Gutiérrez; y por el lado de Méndez, sus propios hermanos. La composición, sin embargo, no permaneció intacta.
Después de una diferencia entre Méndez y Camacho, los padres de la vicerrectora y la esposa de Gutiérrez fueron retirados de la estructura. En su lugar aparecieron otros integrantes de la familia Méndez Flores.
La secuencia permite reconstruir un movimiento de nombres dentro de ICAFT: los protagonistas que estaban detrás de la estructura permanecían en un segundo plano mientras familiares y allegados ocupaban formalmente los lugares de representación.
La pregunta para la investigación no es solamente por qué esas personas fueron escogidas, sino qué papel cumplían dentro de una estructura que terminó conectando a miembros de la dirección de la San José con otro proyecto educativo.
En ese punto aparece Andrés Méndez Flores, socio de la firma Blue Hartmann y esposo de Stefanie Camacho. La relación entre Méndez, Camacho y la San José también ha sido documentada por este diario.
EL COLOMBIANO reveló fotografías y registros que muestran a Méndez junto a Camacho y Gutiérrez en ceremonias de grado de la institución. Méndez, por su parte, ha negado tener un vínculo laboral directo con la San José y aseguró a este diario que trabajaba directamente con Francisco Pareja.
La empresa vinculada a Méndez aparece además dentro de la actividad económica que rodea a este grupo. Según información empresarial citada por EL COLOMBIANO, Blue Hartmann —que actualmente figura bajo otra denominación societaria— reportaba ingresos superiores a $27.971 millones y utilidades por $3.979 millones.
La conexión de la familia Méndez Flórez que interesa en esta investigación trasciende lo puramente comercial, pues varios de sus integrantes ingresaron a la estructura societaria de ICAFT tras la salida de los familiares de Camacho y Gutiérrez, respaldados en gran medida por vínculos académicos con la Fundación de Educación Superior San José.
Entre la documentación revisada, Andrés David Méndez Flórez figura con un registro de inscripción al examen Saber Pro del 25 de marzo de 2022 y un grado en dicha fundación. Sus hermanos, Óscar Daniel y Carlos Adolfo, también aparecen con títulos de esa institución.
Desde EL COLOMBIANO contactamos a Méndez Flórez, sin que hasta el momento se obtenga una respuesta.
Caso Juliana Guerrero
Para entender el entramado, el caso de Guerrero ilustra el modus operandi. Hace unos días, tanto ella como Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la San José, fueron condenados en primera instancia a 36 meses de prisión después de llegar a preacuerdos con la Fiscalía y aceptar responsabilidad dentro del proceso.
Gutiérrez fue condenado por falsedad ideológica en documento público; Guerrero, por fraude procesal. En ambos casos, el juez concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
La sentencia contra Gutiérrez estableció que, aprovechando el acceso que tenía por su cargo a la plataforma de la institución, introdujo información falsa en documentos auténticos para certificar que Guerrero había cumplido requisitos académicos que en realidad no había acreditado.
Los documentos correspondían a dos títulos: Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. Los diplomas son del 1 de julio de 2025. La investigación de la Fiscalía estableció que Guerrero no había cumplido los requisitos académicos necesarios para obtenerlos y tampoco había presentado las pruebas de Estado exigidas para la obtención de esos títulos.
La controversia salió a la luz cuando Guerrero fue considerada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad semanas antes. Los títulos expedidos por la San José fueron utilizados para acreditar su formación después del anuncio. Gutiérrez, el exsecretario general, terminó admitiendo ante la justicia su responsabilidad por la expedición de los documentos.
La representante Catherine Juvinao denunció a comienzos de 2026 que había identificado otros 24 casos de personas vinculadas como funcionarios o contratistas a 16 entidades del Gobierno Nacional que, según su investigación, presentaban irregularidades relacionadas con títulos de la San José.
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La congresista sostuvo que seis personas no habrían presentado las pruebas correspondientes y que otras 18 las habrían presentado después de graduarse.
La investigación también ha llevado a revisar las conexiones políticas de la institución. Francisco Pareja fue representante a la Cámara por el Partido de La U y ha sido relacionado políticamente con Armando Benedetti, quien ocupó posteriormente cargos dentro del Gobierno de Gustavo Petro.
EL COLOMBIANO ha documentado esa relación y ha señalado que Pareja hizo parte del mismo espacio político en el que también estuvo Benedetti. Ese vínculo, por sí mismo, no demuestra una intervención política en la expedición de títulos ni una irregularidad en la contratación.
En el caso de Juliana Guerrero, la conexión con el Gobierno fue precisamente lo que hizo visible el problema. Ella buscaba llegar al Viceministerio de Juventudes y presentó para ello los títulos de la San José.
El proceso judicial estableció posteriormente su responsabilidad por fraude procesal y la de Gutiérrez por la expedición de los documentos.
Bloque de preguntas frecuentes
- ¿Qué pasó con la Fundación de Educación Superior San José?
- Enfrenta investigaciones penales por la entrega irregular de diplomas y actas de grado falsas a directivos, sus familiares y funcionarios públicos, sin haber cumplido requisitos académicos ni pruebas Saber Pro.
- ¿Quiénes son los principales salpicados en el caso San José?
- Destacan Juliana Guerrero, excandidata a viceministra; Francisco Pareja (exdueño); Stefanie Camacho (vicerrectora); Luis Carlos Gutiérrez (exsecretario ya condenado); y directivos vinculados a empresas satélite como Blue Hartmann e ICAFT.
- ¿Qué sanciones penales se han dictado por este escándalo?
- Un juez de Bogotá condenó a 36 meses de prisión a Juliana Guerrero (fraude procesal) y a Luis Carlos Gutiérrez (falsedad ideológica en documento público) tras pactar preacuerdos con la Fiscalía.
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