La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tardó dos días en debatir y votar la ponencia del magistrado Francisco Farfán, en la que se proponía imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
La decisión se basó en la existencia de elementos suficientes que dan cuenta de una presunta participación de los congresistas en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), donde, según la investigación, habrían recibido millonarios pagos ilegales a cambio de direccionar contratos a favor de terceros.
Aunque se trata de un mismo caso de corrupción, la Corte adoptó decisiones mediante ponencias separadas en cada expediente. Ambos documentos incluyen un robusto acervo probatorio, con énfasis en pruebas testimoniales y documentales que comprometen de forma directa a los dos congresistas.
Este episodio marca un hecho sin precedentes dentro del escándalo de la UNGRD: Name y Calle son los primeros congresistas en ejercicio que reciben orden de captura dentro de esta investigación que salpica a altos funcionarios del Estado y que revela un mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos con fines políticos.
Tres testimonios fueron clave para que la Corte decretara la medida de aseguramiento: los de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
El testimonio de Ortiz tiene un peso particular. En un inicio, negó cualquier implicación suya y de sus allegados, como el senador Name. Sin embargo, tras ser vinculada formalmente al proceso y privada de la libertad, cambió su versión y decidió colaborar con la justicia.
Según fuentes cercanas al proceso, Ortiz habría revelado detalles sobre el funcionamiento del entramado de corrupción y entregado información sobre quienes daban las órdenes. En este caso, según la Fiscalía, a Ortiz -llamada la mensajera- le llegaban las tareas de parte del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González. Entre esas misiones, estaba la de “aceitar” a ciertos congresistas para asegurar el respaldo a las reformas del Gobierno.
De acuerdo con las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el senador Iván Name habría recibido $3.000 millones como soborno para apoyar al Ejecutivo en el Congreso. Él lo niega categóricamente.
Por su parte, Andrés Calle es acusado de haber recibido $1.000 millones bajo la misma modalidad. También ha rechazado las acusaciones en su contra.
Ambos congresistas deberán ahora defenderse desde prisión por los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación, delitos que, de ser comprobados, podrían llevarlos a enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel.
