Las promesas de una mejor infraestructura de salud en el departamento de La Guajira se derrumban como un castillo de arena al que le echan agua a medida que pasa el tiempo. Si bien en los últimos dos años el Ministerio de Salud ha anunciado obras en ese sentido con una inversión de, por lo menos, $88.000 millones, sus resultados distan mucho de lo anunciado cuando empezaron.
Y, en el medio, hay incumplimientos, presuntos lazos políticos y desconocimiento de adónde quedó parte de ese dinero.
A principios de 2023, la cartera de salud anunció la construcción de una sede de la E.S.E (empresa social del Estado) Hospital San Lucas El Molino, en La Guajira. El aviso empezó a hacerse realidad el 18 de agosto de ese año con la firma del contrato de obra No. 001 de 2023, suscrito entre el Consorcio Hospital San Lucas y ese centro médico.
Tres días después inició su ejecución, bajo el objeto de la “construcción de la infraestructura física de los servicios de consulta externa general, apoyo diagnóstico y complementativa”. El valor del contrato fue de $6.748.616.530.
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Como ha sido reportado en medios regionales y nacionales, el plazo de seis meses para la culminación de la obra, que terminaba el 22 de febrero de 2024, pasó y la obra quedó abandonada.
Fotografías suministradas a EL COLOMBIANO evidencian que parte de la infraestructura antigua que tenía el hospital fue demolida para darle paso a la nueva equipación, pero se quedó y sigue así. En el lugar, a hoy, solo se ven varias columnas y sus bases edificadas con relleno y escombros para nivelar el suelo.
Algunas columnas aún tiene a su alrededor la formaleta de madera con la que fueron fundidas.
A julio del año pasado tenía un avance de obra del 13,86 % cuando se le había dado un anticipo del 50 % del valor del contrato.
Lo demás que se ve son paredes a medio demoler, tubos de cañería expuestos y dañados, trozos de ladrillo viejo, varillas tiradas en el suelo y, cómo no, la valla publicitaria de la obra con el logotipo del Ministerio de Salud, el eslogan “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y tres fotografías hechas con algún programa de diseño que mostraba cómo quedarían las instalaciones médicas con la obra.
Seis meses después del evidente retraso y abandono de la obra, el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, envió una comunicación al hospital pidiéndole la devolución de $7.224.939.737 correspondientes al contrato en mención y al de interventoría.
La solicitud se la hizo a la actual gerente del Hospital San Lucas, Isabel Paulina Aponte Díaz. Lo que hasta ahora era desconocido de este accidentado proceso es el paradero del contratista de la obra: Robinson Junior Aricapa Pérez, quien figura como representante legal del Consorcio Hospital San Lucas, responsable de la construcción.
Este diario conoció por una fuente presente en La Guajira que Aricapa salió del país en febrero de 2024 con rumbo a España. Un trabajador de la abandonada obra en El Molino también lo asegura por conocimiento de primera mano.
Si bien a este contratista se le ha endilgado cercanía con la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico), lo que conocimos es que su vínculo vendría desde su esposo, el médico y empresario Manuel Julián Molina Pérez, quien, además, celebró un contrato por prestación de servicios con el Instituto Nacional de Salud (INS) durante la administración de Giovanny Rubiano (2022-2024), hoy superintendente de Salud.
De hecho, fue la senadora Peralta quien anunció en sus redes sociales el proyecto de obra junto a la entonces gerente del hospital, Yurizan Barliza, en enero de 2023.
“Hoy a través del Ministerio de Salud logramos la viabilidad técnica de la construcción de la sala de consulta externa, la sala de parto y también la parte administrativa”, dijo entonces.
EL COLOMBIANO le preguntó a cuatro personas distintas del Ministerio —incluido su director jurídico, Rodolfo Enrique Salas Figueroa— si esa devolución se hizo efectiva, está en proceso o en qué quedó. Sin embargo, a pesar de que expresaron haber hecho la consulta al despacho y brindar una respuesta, al cierre de esta edición no contestaron.
Por otro lado, se pronunció la actual gerente del Hospital San Lucas, Isabel Paulina Aponte Díaz, quien se posesionó el 15 de mayo de 2024 (tres meses después de que el plazo de ejecución del contrato terminara). Explicó que en julio se declaró el incumplimiento del contrato y se liquidó unilateralmente para después notificarle a la aseguradora, que “efectuó el pago de la póliza por los amparos de buen manejo y correcta inversión del anticipo por $2.430 millones y amparo de cumplimiento por valor de $1.349 millones”.
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Finalmente, explicó que no se le devolvió esa plata al Ministerio para ahorrarse tiempo entre movimientos y poder iniciar el proceso de convocatoria pública para reiniciar la obra.
“El hospital lo demolieron y es el único que tenemos, entonces no nos podemos dar el lujo de perder tiempo”, dijo.
Confirmó que el contratista no ha aparecido y que los entes de control están al tanto de la situación con él.
Por otra parte, EL COLOMBIANO recabó información que muestra la ausencia física del contratista Robinson Aricapa y que el hospital hizo una nueva convocatoria pública para terminar la edificación sin que haya certeza de dónde está la plata.
En un comunicado a la opinión pública —firmado por Aponte y publicado en sus redes sociales— asegura que desde su posesión ha recibido reporte de retrasos e irregularidades en “la ejecución de las actividades por parte de la entidad contratista” y que al inicio de la obra hubo problemas con los permisos de demolición y de construcción.
Así mismo, dijo que citaron a comité de obras y que no hubo representación por parte de la entidad contratista, por lo cual iniciaron un proceso de “declaración de posible incumplimiento” en junio pasado, lo cual finalmente se dio mediante una resolución que declaró el incumplimiento del contrato 001 de 2023.
El comunicado da cuenta que el 30 de julio la gerente Aponte expuso toda la situación a la Junta Directiva del hospital (en la que están el alcalde de El Molino, Rafael Heraldo Manjarrez, la Secretaría de Salud y el área administrativa de la E.S.E, entre otros).
“Ya se hizo la solicitud de cobro de la póliza de cumplimiento, estamos a la espera de respuesta por parte de la aseguradora; así como también se están haciendo los trámites para reformular el proyecto para presentarlo ante el Ministerio de Salud”, se lee la cierre del comunicado.
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Este diario también encontró que el 14 de febrero de este año la gerente Isabel Aponte estuvo en el Concejo municipal de El Molino rindiendo informe sobre el proceso de convocatoria pública No. 001 de 2024 para la “construcción de la infraestructura física de consulta externa, apoyo diagnóstico, atención del parto y área administrativa” del hospital.
Es decir, para terminar la obra que no concluyó el Consorcio Hospital San Lucas. Allí, habló de las etapas que se han llevado a cabo en el nuevo proceso contractual.Un día antes, el 13 de febrero, el delegado de la subdirección de Infraestructura Hospitalaria del Ministerio de Salud, Jairo Berján, hizo una visita a la zona donde está la construcción abandonada con un grupo de ingenieros para hacer peritajes técnicos en lo ejecutado anteriormente en la obra y así retomar para terminarla.
No obstante, las fotos que la fuente que habló con EL COLOMBIANO le envió del estado actual de la obra muestra que, para este viernes 14 de marzo, no se ha terminado y que la zona de la obra está encerrada con tejas de zinc y Eternit.
Amanecerá y veremos con esta obra y esperando a que el Ministerio de Salud y el Hospital San Lucas respondan.
Anuncios de más obras
En mayo de 2024, cuando la obra en el hospital de El Molino seguía acumulando puntos en el taxímetro de retrasos, el Ministerio de Salud anunciaba otro ambicioso proyecto de obras en el sector salud en La Guajira, mediante un convenio interadministrativo con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (conocida como ENTerritotio) por la suma de $82.029 millones.
ENTerritorio es una entidad que se encarga de ejecutar y gerenciar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales. El objeto del contrato es la construcción y mejoramiento de 26 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en 11 municipios de ese departamento: Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva.
Tanto el Ministerio como ENTerritorio calificaron el anuncio como “un paso importante en el camino hacia la mejora del sistema de salud en La Guajira”.
Este diario buscó y consultó el contrato interadministrativo en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Este se celebró mediante contratación directa el 30 de abril de 2024, tiene un plazo de ejecución de 18 meses (año y medio) que termina el 30 de octubre de este año y su objeto es ejecutar la reposición, ampliación y/o adecuación de la infraestructura de los CAPS en La Guajira, “priorizados por el Ministerio de Salud”.
En la contratación se hizo un compromiso de confidencialidad y no divulgación de información para todo lo que se pueda conocer, acceder, manejar o generar como contratista, a menos de que sea calificada como pública por parte del Ministerio.De los 26 CAPS —que en realidad son actualmente sedes de los hospitales públicos de los municipios—, uno sería intervenido para adecuación, uno para ampliación y los otrs 24 para reposición (remodelación).
Si bien quedan menos de siete meses para cumplirse el plazo de ejecución del contrato, en al menos dos no se han iniciado trabajos de obra, como lo muestran fotografías tomadas esta semana en el municipio de Barrancas, en donde se harían la reposición de los puestos de salud Guayacanal y Lagunita del Hospital Nuestra Señora del Pilar (ver fotos).
El papel de Martha Peralta
La senadora guajira del petrismo hace parte de la Comisión Séptima. Esa Corporación es la que trata temas de seguridad social y salud. De hecho, por allí han pasado las tres grandes reformas sociales del Gobierno Petro: pensional, laboral y a la salud.
Martha Peralta fue ponente de la pensional, que fue aprobada por el Congreso y está en estudio de la Corte Constitucional.
Aun así, los temas de salud son también de su resorte. Más allá de que hasta sus colegas en el Congreso le atribuyen injerencia en el Hospital San José de Maicao (uno de los beneficiarios del contrato para la construcción de CAPS por $82.029 millones) y que por medio de ella las EPS indígenas buscan enlace con el Ministerio por medio de ella, lo cierto es que desde sus redes sociales fue muy activa para impulsar la obra en el Hospital San Lucas y siempre está presente cuando alguna autoridad del sector salud va a La Guajira.
Como el 26 de junio de 2024, cuando estuvo junto al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y al ministro del ramo, Guillermo Jaramillo, trabajando “para garantizar la atención y el acceso a la para la comunidad Wayuu con una dinámica diferencial”.
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Lo último que compartió Peralta sobre el hospital de El Molino fue la reunión que tuvo con el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y la gerente Isabel Aponte el 23 de agosto de 2024 en el Senado. Allí tocaron el tema del retraso en la obra.
La senadora Martha Peralta le contestó a EL COLOMBIANO que “me informó la gerente (Isabel Aponte) que la aseguradora devolvió los dineros al hospital y firmaron actas de inicio con pólizas” y negó conocer al contratista Robinson Junior Aricapa Pérez.
