Un fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto le ordenó al Gobierno suspender de forma inmediata la erradicación de cultivos de uso ilícito usando glifosato.
El fallo, que favorece a diez municipios de la costa pacífica nariñense, responde a una acción de tutela interpuesta el años pasado por la Red de Derechos Humanos del Pacífico de Nariño, Redhpana.
En este, se solicitaba el respeto a la consulta previa y a concertar un plan de sustitución voluntaria antes de aprobar un proceso de erradicación forzosa, como está estipulado en el punto cuatro de los Acuerdos de Paz, el cual establece que los programas de esta índole deben ser concertados con las comunidades.
La decisión beneficia a los municipios de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.
Así las cosas, el fallo proferido por el Tribunal con ponencia del magistrado Franco Solarte Portilla señala que se ordena la suspensión inmediata de las actividades de erradicación forzada en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del pacífico nariñense y por ello, el “Ejército y la Policía, en coordinación con el Ejecutivo, no podrán adelantar los operativos”.
Así mismo, ordena al Ministerio del Interior que en un término de diez días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, “inicien las diligencias pertinentes para adelantar un proceso de consulta con las comunidades accionantes”. Este, deberá completarse en un período de 90 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo.
Finalmente, se solicita a la Defensoría y a la Procuraduría que, de manera conjunta, realicen seguimiento a la orden impartida por el Tribunal para garantizar que se cumpla dicha orden.
El fallo, finalmente, se remitirá a la Corte Constitucional para su "eventual revisión".
El pasado 12 de abril, el gobierno del presidente Iván Duque presentó el decreto para que en el país se volviera a usar el método de aspersión aérea como una forma de luchar contra los cultivos de uso ilícito.
El ministro de Defensa, Diego Molano indicó, en su momento, que se continuaría con el programa de sustitución voluntaria de cultivos y se buscaría cumplir con la meta de erradicación de 130 mil hectáreas de hoja de coca de forma manual, esto como complemento al programa de aspersión aérea propuesto por el Gobierno.
“El operador será la Policía Nacional y se desarrollará, con base en plan de manejo ambiental, un programa automatizado y controlado en zonas donde hay cultivos extensivos industriales y donde hay presencia de grupos al margen de la ley que ponen en riesgo la vida de los erradicadores”, expresó Molano.
Datos del Ministerio de Defensa indican que erradicar una hectárea de cultivos de uso ilícito cuesta 4.8 millones de pesos a través de aspersión terrestre, $3.2 millones por medio de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), $3.000.000 a través de la Fuerza Pública y 1.8 millones mediante la aspersión aérea. “Pero el factor económico no es lo mas importante, con esta última modalidad se están evitando muertes de nuestros héroes de la patria, el valor de esas vidas es incalculable”, agregó el Ministro.
Un día después, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio el visto bueno a la utilización del glifosato.
