El terremoto de 7,4 planteó una pregunta que ninguna norma resuelve por sí sola: ¿qué tan preparadas están las viviendas del país para un sismo de esta magnitud?
El interrogante responde a las infraestructuras y construcciones afectadas que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte a la mañana del 22 de agosto, son 176.890 viviendas averiadas, 33.374 destruidas, 5.755 edificios averiados y 553 colapsados. 3.525 centros de salud, 3.546 centros educativos y 5.585 centros comunitarios afectados. 423 vías, 112 acueductos, 63 puentes vehiculares, 15 puentes peatonales y 18 aeropuertos con daños reportados.
Por ejemplo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un peritaje técnico sobre los edificios nuevos que colapsaron en la ciudad. “Las edificaciones relativamente nuevas que colapsaron tras el sismo requieren respuestas”.
Incluso enfatizó en que, de encontrarse malas prácticas, habrá acciones legales. “Si lo que ocurrió fue que los códigos antisísmicos no eran suficientes y los tengamos que modificar, que probablemente será parte de la razón, si hubo corrupción, si hubo atajos que se tomaron durante la construcción, si no hubo una inspección o vigilancia adecuada de las construcciones, también lo queremos saber para tomar las medidas”.
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Ante este panorama, ingenieros, arquitectos, urbanistas y constructores consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que el problema está en la brecha que hay entre la norma de sismorresistencia NSR-10 y lo que el país realmente construyó. Eso se materializa en el siguiente dato: una de cada tres viviendas construidas en Colombia entre 2005 y 2018 es informal, sin licencia, sin permisos y sin acompañamiento técnico.
Incluso, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un peritaje técnico sobre edificios nuevos que colapsaron en Esa ciudad. Advirtió que habrá consecuencias legales si se encuentran malas prácticas o irregularidades.
Cabe recordar que Colombia enfrenta amenaza sísmica por su ubicación geográfica y por la interacción de distintas placas tectónicas. La Ley 400 de 1997 estableció los criterios de diseño y construcción sismorresistente, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de pérdida de vidas y proteger el patrimonio de las personas y del Estado.
En desarrollo de esa ley se expidió la NSR-10, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010, de cumplimiento obligatorio. A ese marco se sumó la Ley 1796 de 2016, conocida como Ley de Vivienda Segura, que fortaleció la protección a los compradores y fijó reglas sobre revisión de diseños, supervisión técnica y responsabilidades de los actores del proceso constructivo.
Uno de cada tres hogares no tiene respaldo técnico
Orlando Arroyo, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS y doctor en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Católica de Chile, identifica dos fuentes de vulnerabilidad en la vivienda colombiana. La primera es la informalidad. Según estimaciones de entidades como BuildChange que cita el ingeniero, “unas 7 de cada 10 viviendas son no ingenieriles”, un tipo de construcción que resultó especialmente vulnerable en Chocó y en municipios cercanos a Cali levantados en bahareque y tapia pisada.
La segunda fuente son las viviendas construidas antes de 1998, año en que se publicó la NSR-98, sin importar el estrato económico. “Muchas de esas edificaciones se levantaron en sistemas como mampostería simple y también presentaron daños”.
Asimismo, Jaime Suárez, profesor de Geotecnia de la UIS, suma otro dato a la discusión: “se estima que aproximadamente el 60% de las construcciones en la mayoría de ciudades de Colombia son vulnerables a sufrir daños en terremotos”, por la combinación de vivienda informal y edificaciones levantadas antes de 1984, cuando el país no tenía norma sísmica alguna.
Esa cifra encuentra respaldo en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, citada por el arquitecto y urbanista Juan Miguel Durán, quien afirma: “el 26,8% de los hogares colombianos presenta algún tipo de déficit habitacional”. Pero aclara que ese indicador “no significa que ese porcentaje esté en riesgo de colapso ante un terremoto”, pero sí evidencia, “la escala de las precariedades sobre las que tenemos que trabajar”.
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Por eso, Arroyo propone una estrategia en dos etapas, ya aplicada en otros países, primero, reforzar las viviendas anteriores a las normas actuales; segundo, avanzar en reconstrucción con soluciones de vivienda estandarizadas.
Tanto Arroyo como Durán señalan a Chile como referencia, aunque desde ángulos distintos. Arroyo señala que ese país aprendió, terremoto tras terremoto, que la rigidez estructural es clave para la funcionalidad y la recuperación después de un sismo. Por eso, “la gran mayoría de la construcción chilena usa muros de concreto reforzado, de mínimo 15 centímetros, de obligatorio confinamiento efectivo de elementos de borde”. Esa norma, agrega, “ha evolucionado para garantizar no solamente que se proteja la vida, sino que la edificación quede operativa y habitable luego del sismo”.
Durán, por su lado, considera que “Chile convirtió cada gran terremoto en conocimiento acumulado”, y recuerda que la norma chilena NCh433 “acaba de ser nuevamente actualizada en 2026”. Más que copiar un reglamento, plantea Durán, “Colombia debería aprender de esa cultura de revisión permanente, observar cómo se comportaron realmente los edificios, documentar fallas, contrastar el modelo de cálculo con lo que ocurrió y devolver rápidamente ese conocimiento a la regulación y a la práctica profesional”.
Por eso, Arroyo insiste en que “los sismos son el único juez de qué funciona y qué no”, y añade una frase que repite a sus estudiantes: “los terremotos no entienden de edificios construidos en un año específico ni de reglamentaciones sísmicas [...] solo creen en edificios bien diseñados”.
La edad de un edificio no determina su riesgo
Arroyo pide separar dos ideas que suelen mezclarse: reglamentación sísmica y vulnerabilidad sísmica. Pone como ejemplo el terremoto de Northridge, en Estados Unidos, en 1994, pese a que ya existían normas sísmicas, muchas estructuras metálicas sufrieron daños porque ese sismo reveló fallas en el diseño de las conexiones que hasta entonces se creían seguras. Sobre la filosofía de la NSR-10, asegura que “una estructura diseñada bajo esta reglamentación debe ser capaz de resistir un terremoto fuerte sufriendo daños, pero sin colapsar”.
En se sentido, para el arquitecto Juan Carlos García, profesor de derecho urbano y planificación en las universidades Eafit y UPB de Medellín, el año de construcción importa menos que si esa construcción respondió al mejor conocimiento técnico disponible en su momento.
La geotecnia importa tanto como la norma
Suárez añade otro tema: la distancia al epicentro. “Las edificaciones construidas después de 1984 que cumplen la NSR deberían comportarse bien en sismos relativamente alejados de su epicentro, pero si este se ubica a menos de 10 kilómetros, pueden presentar problemas graves, incluso, cumpliendo la norma”. Por eso, precisa que Medellín, al no estar sobre una falla activa, debería registrar un comportamiento eficiente en sus edificaciones conformes a la NSR, “aunque en cualquier sismo de gran magnitud se presentarán fisuras y caídas de muros de mampostería”.
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El ingeniero plantea que el Estado podría aportar “bonos sísmicos”, como hace Italia, para financiar el reforzamiento de construcciones porque es costoso y muchas comunidades no tienen esos recursos. Además, el cumplimiento de la NSR-10, insiste, depende de los ingenieros que diseñan, de constructores y curadurías, y aunque en la mayoría de ciudades hay rigor, en algunas no se le da suficiente importancia al control.
Y advierte sobre un porcentaje alto de hospitales y clínicas del país que no fue reforzado como exige la NSR-10, lo que podría derivar en colapsos similares a los de Cali. “Reforzar el 60% de las edificaciones vulnerables del país exige inversiones de cientos de billones de pesos”.
La planeación urbana, la otra cara del riesgo sísmico
Para el arquitecto García, la norma de sismorresistencia es apropiada en términos generales, y el hecho de que no se haya actualizado en 16 años no es, por sí solo, el problema central.
García identifica cuatro causas detrás de los colapsos. La primera es que buena parte de las construcciones caídas en el centro de Pereira y en zonas de Cali son anteriores a la norma vigente, con más de 40 años de antigüedad. La segunda es la planeación urbana, “el único antídoto real frente a estos desastres es articular los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con las normas sismorresistentes”.
La tercera causa es la informalidad, que García divide en dos tipos: uno es la pobreza que se observa en Chocó y Buenaventura, con construcciones sin licencia, un fenómeno estructural y también cultural. El otro, más grave, es la corrupción presente en desarrollos formales de los últimos 30 años que se afectaron o colapsaron pese a existir POT y normas constructivas. “Ahí, la verdad incómoda es que se construyó algo distinto a lo licenciado por la curaduría, por ausencia de control urbanístico o porque las curadurías aprobaron proyectos que no garantizaban su sostenibilidad”.
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El arquitecto plantea revisar qué responsabilidad recae sobre curador, constructor y municipio, porque la institución de la curaduría urbana, sostiene, debe revisarse a fondo, “en varios casos no está garantizando la seguridad de quienes habitan esas edificaciones y ha estado cooptada por la corrupción”.
El ejemplo citado por García es el edificio Space, en Medellín, “se comprobó que la curaduría aprobó algo que no cumplía ninguna norma y se cayó solo, sin sismo”. El calculista fue condenado y también el curador, que alegó “que él no tenía por qué revisar los cálculos”.
Esos cambios a la figura del curador urbano, dice García, “no fueron suficientes” a su parecer, y por eso plantea revisar qué responsabilidad recae sobre curador, constructor y municipio en cada colapso reciente: “la institución curaduría urbana debe ser revisada profundamente porque en muchos casos no nos está garantizando la seguridad de donde vivimos y está cooptada en varios casos por corrupción”. Su conclusión es que el problema no se resuelve expidiendo otra ley, “no caer, como a veces nos pasa en Colombia, en sacar otra ley siendo que las tenemos, pero no se cumplen”.
La desigualdad también se mide en sismorresistencia
Por otro lado, Durán plantea que Colombia avanzó mucho en normativa sismorresistente, pero que esa norma no necesariamente representa la vivienda real del país. “Una parte importante del parque habitacional se construyó antes de las normas actuales, otra fue producida progresivamente por las propias familias, y otra se levantó en territorios rurales o periféricos con acceso históricamente limitado a asistencia técnica, estudios de suelo, licencias y sistemas constructivos adecuados”.
Para Durán, el riesgo sísmico también expresa la desigualdad del país, un terremoto de la misma magnitud no afecta igual a una vivienda diseñada con acompañamiento técnico que a una autoconstruida durante 20 o 30 años, ampliada piso por piso o levantada sobre una ladera con condiciones geotécnicas complejas. Por eso, propone una política de gran escala centrada en tres pasos: identificar dónde están las viviendas más vulnerables, priorizar las intervenciones donde coincidan vulnerabilidad estructural, amenaza sísmica y vulnerabilidad social, y acompañar con arquitectura e ingeniería a los territorios que históricamente han construido sin ese conocimiento técnico.
Durán propone cuatro prioridades para una futura revisión de la norma. Primero, actualizar la comprensión territorial de la amenaza sísmica y los suelos; luego, avanzar en evaluación y reforzamiento de edificaciones existentes; también, revisar los elementos no estructurales —fachadas, cielos, redes— que en sismos recientes han causado daños graves incluso cuando la estructura principal resiste, y por último, incorporar con claridad el concepto de desempeño sísmico, de modo que hospitales, colegios y edificios esenciales no solo eviten el colapso, sino que puedan volver a funcionar rápido.
Los constructores responden: “en la calidad no se ahorra”
Claudia Liliana Rendón Martínez, gerente comercial y de mercadeo de Constructora Colpatria para Colombia y México, sostiene que la lección del terremoto es “cumplir las normas, hacer las cosas bien, tener cuidado con los materiales, con la calidad de lo que hacemos”.
Según Rendón, ninguno de los edificios de Colpatria presentó afectación estructural, como tampoco los de otras constructoras grandes, medianas o pequeñas que cumplen la normatividad: “en la calidad no se ahorra” es, dice, una directriz del presidente del Grupo Colpatria, porque “lo más importante para nosotros son las vidas de las personas”.
Sobre cómo cerrar la brecha que dejan las viviendas informales, Rendón confía en el control estatal: “cada vez es más exigente la licencia, los permisos, los certificados técnicos de ocupación”, y considera que esa brecha “se va cerrando” en la medida en que los entes gubernamentales sean más rigurosos en la revisión de las obras.
Su recomendación para quien no tenga certeza sobre el respaldo técnico de su vivienda actual es directa: comprar una vivienda nueva con una constructora de confianza. “Yo no me quedaría en unidades, o viviendas, o apartamentos, o casas que no tengan ese respaldo, esa tranquilidad”, afirma.
Rendón no cree que Colombia deba cambiar su manera de construir después del sismo, sino reforzar la supervisión sobre los constructores que puedan estar recortando costos: “cuando uno cumple las normas, salen las cosas bien [...] no importa si tú haces en piso alto o bajo, porque simplemente vas a estar en una construcción segura”. Es, en el fondo, la misma pregunta que dejó abierta García sobre la curaduría del edificio Space: la norma existe y, cumplida, funciona; el punto de fricción está en verificar que efectivamente se cumplió.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué viviendas son más vulnerables a un terremoto en Colombia?
- Las viviendas informales y las construidas antes de la adopción de normas sismorresistentes son las que presentan mayores niveles de vulnerabilidad. También existen riesgos asociados con edificaciones levantadas sin licencia, asistencia técnica o estudios de suelo.
- ¿Desde cuándo es obligatorio cumplir la norma de sismorresistencia NSR-10 en Colombia?
- La NSR-10 es de cumplimiento obligatorio desde su adopción mediante el Decreto 926 de 2010. Este reglamento desarrolla los criterios establecidos por la Ley 400 de 1997 para el diseño y construcción sismorresistente.
- ¿Las viviendas construidas antes de 1998 cumplen con la norma sismorresistente?
- No necesariamente. Las viviendas construidas antes de 1998 pueden presentar una mayor vulnerabilidad porque fueron levantadas antes de la publicación de la NSR-98. Según los expertos consultados, algunas de estas edificaciones presentan sistemas constructivos que pueden sufrir daños durante un terremoto.
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