La Contraloría General de la República señaló que la subasta pública de vehículos de propiedad del Senado generó un detrimento patrimonial al Estado por 1.765 millones de pesos.
Tras la denuncia realizada por el senador Luis Fernando Velasco, expresidente del Congreso, sobre irregularidades en este proceso, el organismo de control señaló que se constataron incumplimientos e irregularidades en los trámites de traspaso de vehículos y motocicletas, ya que se adelantaron por fuera de los términos legalmente establecidos.
Dentro de los hallazgos acerca de la subasta, realizada a través un contrato con la Comercializadora Nave Ltda., estuvo que los traspasos se hicieron a nombre de personas indeterminadas o en favor de beneficiarios diferentes a los adjudicatarios reales.
Y aún existen bienes que, no obstante haber sido adjudicados, aparecen ante los organismos de tránsito como de propiedad del Senado de la República.
En materia fiscal se encontró que en algunos casos hay diferencias entre las características de los bienes subastados que fueron tenidas en cuenta para la realización de los avalúos, y las características que figuran en los certificados de tradición, especialmente en la línea, modelo y cilindraje de los vehículos, así como una aplicación inexacta de los valores de las tablas emitidas por el Ministerio de Transporte. Estas diferencias implican valoración errónea de los bienes.
Adicionalmente, en el avalúo de los vehículos se omitió incrementar el diez por ciento del valor cuando los vehículos son blindados y, en cambio, sí se realizaron descuentos por conceptos que no corresponden a los permitidos en la ley o a la dinámica de ejecución del contrato, es decir costos ya comprendidos en la comisión del intermediario comercial.
Producto de los ajustes en el cálculo de los avalúos, la Contraloría General de la República determinó la existencia de un hallazgo con connotación fiscal, resultado de la diferencia entre el valor cancelado y el que debió calcularse y pagarse en favor de la Dirección del Tesoro Nacional, por conceptos de impuestos y del valor de los bienes subastados.
Esas diferencias representan un daño al patrimonio del Estado por valor de 1.765 millones de pesos.
Al hacer otras precisiones sobre la investigación, la Contraloría relató que en cuanto al uso de licencias de blindaje, solo en algunos casos se realizaron los trámites ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de manera que en los demás casos se hizo la entrega material de los vehículos sin haber obtenido el permiso de dicha entidad.
También se verificó que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso.
Eso significa que aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló en octubre de 2015 las autorizaciones primarias de blindaje para vehículos de entre los subastados, y determinó la necesidad de estudiar la procedencia de la autorización otorgada, su entrega material implica que los vehículos hoy pueden transitar en manos de particulares sin la autorización correspondiente.
Otras de las irregularidades identificadas se relaciona con la finalización de la vigencia de las garantías del contrato, las cuales no fueron renovadas y el contrato se encuentra en etapa de liquidación con obligaciones pendientes por parte del contratista.
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