Durante la audiencia, los militares, entre ellos soldados activos y retirados, aceptaron que el asesinato de Terán fue presentado falsamente como una baja en combate. Los nombres de los implicados no han sido publicados por la JEP por razones de seguridad y privacidad, pero se confirmó que ninguno había sido sancionado previamente por la justicia ordinaria. De hecho, ni siquiera habían sido mencionados en investigaciones disciplinarias o penales anteriores.
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Desde 2021, la JEP ha imputado a 10 militares por las actividades criminales del BISAN y la Brigada Móvil 15. Documentación existente revela que, entre 2007 y 2008, miembros de estas unidades ejecutaron extrajudicialmente a más de 120 personas.
En el caso específico de Álvaro David Terán, quien era un vendedor ambulante sin antecedentes judiciales, aceptaron su responsabilidad un subteniente activo, dos sargentos viceprimeros (uno activo y otro retirado), dos cabos segundos (uno activo y otro retirado), y dos soldados profesionales retirados. La JEP ha aplicado la ruta “no sancionatoria” del sistema de Justicia Transicional a su favor, reconociendo los aportes significativos que realizaron en la búsqueda de la verdad.
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“La magistratura encontró que los comparecientes realizaron aportes significativos a la verdad de manera completa, detallada y exhaustiva, lo que permite la contrastación y profundización sobre el nivel de participación en esos hechos. A su vez, permite dar plenas garantías de participación a las víctimas y a la sociedad, a través del Ministerio Público, bajo el enfoque propio de la Justicia Transicional Restaurativa que permita esclarecer lo ocurrido”, explicó la JEP en un comunicado oficial.
La documentación de la JEP incluye un expediente detallado del caso de Álvaro David Terán, el comerciante soltero y que fue asesinado en la vereda La Mocarca y luego reportado como una baja en enfrentamiento armado bajo el mando del sargento Néstor Jaime Mosquera.
Este caso es parte de un proceso más amplio en el que la JEP ha estado trabajando para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales. En audiencias anteriores, 22 integrantes de la fuerza pública y un civil han reconocido su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Estas declaraciones han llevado a la emisión de resoluciones de responsabilidad por parte de la Sala de Reconocimiento el Tribunal les ha impuesto sanciones propias de la JEP.
