La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la Semana Santa de Pamplona, declarada patrimonio cultural e inmaterial de la Nación, no puede financiarse con recursos públicos.
La Corte tumbó en la noche del miércoles el artículo 8 de la Ley 1645 de 2013 que autorizaba a la administración Municipal de Pamplona, Norte de Santander, para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual para financiarla.
De acuerdo con la Corte, esa determinación viola el principio de neutralidad de la Constitución.
La Sala estudió dos demandas distintas presentadas por las ciudadanas Lizeth Susana Valencia y María Fernanda García Rodríguez que alegaban que dicha norma afectaba los artículos 1, 2 y 19 de la Constitución porque el presupuesto de los municipios debe destinarse para sus necesidades y no para una conmemoración de contenido religioso.
Igualmente, estimaban las demandantes que se la financiación pública en este caso vulneraba los fines esenciales del Estado porque desconoce el deber de protección de las creencias religiosas de todos los ciudadanos, poniendo por encima del interés general, el desarrollo de conmemoraciones religiosas católicas.
En esta discusión fue necesaria la presencia del conjuez José Miguel de la Calle Restrepo.
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