Más de 23 mil millones de pesos debe pagar el Estado a los familiares de los diputados del Valle que fueron secuestrados por la extintas Farc, en abril de 2002. La decisión es del Consejo de Estado que examinó un cúmulo de demandas de reparación, que interpusieron los allegados a los exfuncionarios, hoy fallecidos.
“Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía nacional, a pagar la suma de $23.004.340.598,63 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal”, reseña el fallo.
Del mismo modo, la corporación ordenó el pago de las indemnizaciones individuales, y como acto de reparación el Ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional, en un acto público deberán aceptar la responsabilidad del hecho.
El acto deberá incluir una petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados fallecidos en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por los hechos ocurridos el 18 de junio de 2007, en la vereda San José de Tapaje del municipio de El Charco (Nariño). La reparación tendrá como fin exaltar la dignidad humana de estos funcionarios, con la presencia de sus familiares.
Además de eso, las entidades demandadas deberán construir un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse.
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“Así mismo, y como garantía de no repetición, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional desde la ejecutoria de la presente sentencia, realizarán capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales. Se obliga a estudiar este fallo en todos los cursos de formación y ascenso del Ejército Nacional (Policía Nacional)”, dice el documento.
Asímismo, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía con el fin de que investiguen, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos mencionados en la sentencia, si esto aún no se ha hecho.
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