Una presunta inhabilidad de la magistrada del Consejo de Estado Rocío Araújo Oñate podría salvarle la papeleta al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, cuya elección fue anulada por esa corporación el pasado 25 de mayo.
Se trata de un documento que envió la red nacional de veedurías ciudadanas Bien Común al Consejo en el que solicita se informe si el proceso que declaró nula esa elección fue firmada por Araújo.
¿La razón? La veeduría señala que tienen conocimiento de que María Liliana Araújo Oñate –hermana de la consejera de Estado– trabajó como asesora nivel grado II de despacho del contralor Rodríguez durante su administración.
Para “Bien Común” es importante saber y conocer cuáles fueron los argumentos jurídicos para que ese factor no se hubiese tenido en cuenta durante la deliberación del fallo, que hubiera desencadenado en que la magistrada Araújo tuviera que apartarse de conocer el caso y firmar el fallo.
Por otro lado, expresó que durante el estudio de la demanda de la elección del contralor, se aceptó el impedimento del magistrado Luis Alberto Álvarez porque dos familiares suyos trabajaban de años atrás en la Contraloría.
El derecho de petición enviado por al veeduría ciudadana fue enviado el pasado martes 6 de junio y sostuvieron allí que estos son “asuntos por supuesto que llevan a preocupar a la ciudadanía y exigir la mayor transparencia en las actuaciones de los servidores judiciales en el desempeño de sus funciones públicas”.
Entre tanto, el anulado contralor y “Bien Común” están a la espera de un pronunciamiento del Consejo de Estado para establecer si acepta estudiar la posible inhabilidad de la magistrada o si la descarta. De ser aceptada, la elección de Carlos Hernán Rodríguez podría salvarse momentáneamente.
El funcionario, tras la decisión del alto tribunal dijo que interpondría todos los recursos de ley para restablecer sus “derechos y preservar el normal funcionamiento del órgano constitucional”. Mientras que el Consejo sostuvo que “se presentaron irregularidades graves, durante etapas cruciales de la elección de Contralor, por lo que está demostrado que el trámite estuvo viciado por desconocimiento e infracción de normas superiores”.
