La Corte Constitucional les dio la razón a las demandantes. Decidió que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, no puede ser obligatoria, tal y como lo pedían las organizaciones y familias de las menores de edad que sufrieron, al parecer, reacciones adversas a esta vacuna, con denuncias que se registraron desde 2014, con predominancia en Bolívar.
La Sentencia T-365 de 2017 responde a la acción de tutela presentada por Edith Perdomo, de Cali, quien actuó en representación de su hija, una menor de edad quien requiere tratamiento médico luego de haber recibido la vacuna, y de Alba Lucía Murillo, quien actuó como agente oficiosa de quienes, presuntamente, resultaron afectadas.
En el fallo, la Corte le advierte al Ministerio de Salud que la vacuna no puede ser impuesta. “Existe la necesidad de obtener su consentimiento, como condición previa para administrarla, indicándose los efectos adversos en la salud”.
De parte y parte
Blanca Victoria Sabagh, defensora de Derechos Humanos de El Carmen de Bolívar, Bolívar, asegura que la decisión es una victoria si se tiene en cuenta que ese era el pedido de las familias de las niñas afectadas, ya que la vacuna está en el Programa Ampliado de Vacunación.
Sostiene que esa fue la principal solicitud que hicieron cuando se conoció la polémica. Subraya que pedían que la vacuna estuviera disponible en puestos de salud y hospitales, pero que no fuera obligatoria. “Pedimos información médica sobre las reacciones, porque en su momento no hubo”. Según Sabagh, en Bolívar hay entre 800 y 1.000 casos registrados.
Millet Bolaños, madre de una joven de 16 años, quien fue vacunada cuando tenía 11 años en Bolívar, relata que su hija quedó con problemas de salud, se orinaba y no se daba cuenta, por lo que le pide al Ministerio que actúe. “Le encontraron plomo en la sangre, y donde vivimos no hay nada que nos pueda intoxicar”.
Diego García, coordinador nacional de vacunación del Ministerio, señala que desde 2012, cuando se inició la vacunación, la directriz fue adoptar un proceso educativo para explicar el objetivo de la vacuna, pero que desde que se adoptó el plan, se dejó claro que, en caso de que algún padre no quisiera que su hija se vacunara, podían informarlo a través de un disentimiento consentido. El funcionario agrega que la obligatoriedad de la que habla el sistema está relacionada con que el Ministerio debe ofrecer las vacunas sin costo, pero no que las mujeres estén obligadas a aplicársela.
Dice que con el fallo continuarán aplicando las vacunas y revisando los resultados de estas, dejando claro que el fallo permite que la persona decida si se la aplica o no, pero no la prohibe. Señala que desde 2013 ampliaron la vacunación a niñas no escolarizadas, porque el objetivo es prevenir el cáncer de cuello uterino que, según el Ministerio, afecta a 6.900 mujeres anualmente en el país.
