Si bien este martes se cumplieron cinco meses de haberse iniciado la implementación de un nuevo modelo de salud en el Magisterio —conformado por cerca de 800.000 personas, entre profesores y sus beneficiarios—, persisten las quejas en algunas zonas del país por fallas en su operación. Uno de esos casos es el de Sucre, en donde su sindicato de educadores convocó a un paro de 24 esta semana.
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En ese sentido, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES) emitió un comunicado de prensa en el que anunció que irá a paro de 24 horas este jueves 3 de octubre, como protesta ante la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag). Este sindicato señala que se han presentado problemas en la dispensación de medicamentos, sobre todo para pacientes con enfermedades crónicas.
Para la ADES, esas fallas están poniendo en riesgo la vida de los afiliados y beneficiarios del Fomag, por lo cual le exigirán a la Fiduprevisora y a los gestores farmacéuticos que regularice y garantice “la entrega inmediata de todos y cada uno de los medicamentos formulados a los usuarios” en ese régimen de salud.
En el mismo comunicado, esa asociación señaló que decretó un paro departamental que tendrá lugar “frente a las instalaciones del Fomag–Fiduprevisora Sucre” y que contará con la participación de docentes de los municipios de ese departamento. Sin embargo, no participarán los docentes de la subregión de la Mojana.
No hay que dejar de lado que el cambio en el modelo de salud de los profesores empezó a regir desde el pasado 1 de mayo. El principal cambio con la operación anterior es que sacó a los operadores de salud, que se encargaban de contratar a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que atendían a los usuarios y sus beneficiarios. Esa labor se la entregó a la Fiduprevisora, una fiducia con presencia mayoritaria del Estado, que quedó encargada de dirigir, pagar servicios, financiar y organizar la red de prestadores de ese régimen.
En ese sentido, en palabras del Gobierno, se “eliminó la intermediación de los operadores”. Así las cosas, los operadores salieron de la ecuación y esa fiducia, además, quedó encargada de celebrar contratos con las IPS y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.
Sin embargo, desde el día uno de implementación empezaron a verse los problemas. Largas filas en las sedes de la Fiduprevisora, quejas por demoras en la atención y falta de contratos con hospitales y clínicas para atender a los profesores y sus familias.
Esto se debió, en gran parte, a que esa entidad era una entidad sin experiencia en crear redes de servicios de salud y debía aprender, en tiempo récord, funciones nuevas como celebrar contratos y hacer gestión del riesgo financiero (hacer que la palta alcance). Tareas para las que, además de experiencia, se necesita personal calificado que lo haga con eficiencia.
Por estas fallas, varios grupos de docentes sindicalizados de distintas ciudades del país convocó a marchas ante las fallas del modelo y señalaron al entonces presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, y a otros miembros de esa entidad de “poner palos en la rueda” a la implementación de los cambios. Marín renunció a ese cargo antes de que se cumpliera un mes de esa transición.
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