La Procuraduría General de la Nación envió al ministerio de Salud y Protección Social un total de 12 observaciones en la estrategia planteada del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 para evitar errores en el proceso.
Para el Ministerio Público, no hay claridad sobre las entidades que tendrán la responsabilidad de cruzar los sistemas de información que servirán de fuente para iniciar el proceso de vacunación, así como los tiempos establecidos para la ejecución de ese análisis.
También indicó que no es claro si el ministerio y las entidades territoriales cuentan con los recursos humanos para ejecutar el proceso de vacunación en cada una de las etapas y fases, como tampoco si los territorios tiene los recursos necesarios para su contratación.
Añadió que es importante que el proceso de contratación del personal se realice bajo el cumplimiento de los perfiles y las capacitaciones requeridas, incluyendo el uso de los sistemas de información.
Tampoco, de acuerdo con el Ministerio Público, se logra identificar que se haya establecido la duración de las jornadas, la planeación de agendas y turnos de vacunación, ni la forma como se garantizará la provisión de todos los insumos y elementos de bioseguridad para las personas que ejecutarán este proceso.
Al igual, señaló que se desconoce si ya se definió la entidad responsable de vigilar y garantizar el transporte en las condiciones de refrigeración necesarias para impedir su deterioro e ineficacia. Además del número de dosis que serán entregadas a cada entidad territorial e IPS, así como las aplicadas a las personas.
Advirtió que no existe una ruta para vacunar a la población que se encuentra en corregimientos o zonas alejadas del área urbana ni tampoco a la comunidad indígena. “El Ministerio Público señaló que en estos casos es indispensable tener claro si es viable realizar una vacunación extramural”, añadió el comunicado.
