Una alianza de asociaciones alertó que el modelo de estatización de la salud que impulsa el Gobierno pone en riesgo miles de empleos formales del sector.
La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) manifestó su preocupación ante los efectos del Decreto 0182 de 2026 que establece nuevas reglas para la operación de las entidades promotoras de salud (EPS) en el país. Por eso, alertó que la normativa profundiza las dificultades del sistema de salud y compromete la atención de los pacientes.
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Aliadas sostuvo que la medida obliga al traslado de 6,5 millones de afiliados, situación que no representa una mejora técnica, sino que consolida un modelo que pone en riesgo la vida de los más vulnerables y limita la elección de los ciudadanos.
“En medio de un sistema ya presionado, el Gobierno toma medidas que agudizan la situación al trasladar a 2,6 millones de personas de forma inmediata hacia la Nueva EPS. Esto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de pacientes y usuarios, al integrarlos a una entidad con serios desafíos financieros y de calidad”, indicó Aliadas a través de un comunicado.
Al respecto, señalaron que ese movimiento “pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de pacientes y usuarios, al integrarlos a una entidad con serios desafíos financieros y de calidad”.
La agremiación criticó que esos ciudadanos tendrán que confiarle su salud e integridad a una entidad que está intervenida por el Gobierno desde abril de 2024 y que no ha publicado sus estados financieros desde 2023.
Aliadas señaló que con este decreto el Gobierno concentrará a 14 millones de afiliados (30% del país) en una estructura operativa que ya registra una alta tasa de insatisfacción, con cerca de 626 quejas por cada 10.000 usuarios.
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Ante esto, señalaron que las familias verán limitada su facultad de decidir a qué EPS se afilian, lo cual sustituye “su voluntad por una disposición que altera la continuidad de procesos médicos críticos”.
“Esta medida impacta la libre competencia y la innovación privada, motores fundamentales de la calidad en el servicio que hoy reciben los colombianos”, agregó Aliadas.
Por otro lado, aseguraron que el decreto expedido por el Ministerio de Salud impacta la libre competencia y la innovación privada, que calificaron como “motores fundamentales” de la calidad del servicio que reciben los colombianos. También alertó que trasladar millones de afiliados “incrementa la presión financiera sobre IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y hospitales que hoy presentan retrasos en sus pagos”.
La asociación de gremios indicó que el modelo de estatización que impulsa el Gobierno Petro afecta “el tejido empresarial y pone en riesgo miles de empleos formales en el sector salud”.
“La salud requiere de estabilidad, no de medidas que generen incertidumbre mientras el sistema atraviesa una crisis. Desde Aliadas, señalamos que este modelo centralizado dificulta las garantías mínimas del paciente, afecta la calidad y compromete el derecho fundamental a la vida. No se construye bienestar sin claridad administrativa y seguridad jurídica”, concluyó Alianza.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a los organismos de control para que vigilen el avance del decreto del Minsalud debido a “su gravedad”. Por eso, indicaron que “es imperativo que se aplique un control técnico y se agoten las vías judiciales” para proteger la estabilidad del sistema y el derecho a la vida.
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