La Contraloría General de la República profirió fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal por 38.866 millones de pesos contra Coomeva EPS, dos de sus exgerentes (Fernando Panesso Serna y Piedad Cecilia Pineda) y otras personas naturales y jurídicas involucradas en la destinación de recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos.
Dichos gastos están relacionados con el pago de honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, impresiones, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino de alimentos y restaurante y parqueaderos, entre otros.
“De manera dolosa, se infringieron las normas que prohiben la destinación o utilización de los recursos de la seguridad social para fines diferentes a ella”, señala la determinación adoptada por la Contraloría y añade que el referido daño patrimonial se produjo por la disminución de los recursos parafiscales destinados a la prestación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), cuantía que tasó en 4.989 millones de pesos durante los meses de octubre a diciembre de 2007; y 22.872 millones de pesos durante el 2008, equivalente a 27.862 millones de pesos, cantidad que al ser indexada supera los 38.000 millones de pesos.
Contra el fallo proferido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, proceden los recursos de reposición y apelación.
Como medida cautelar, la Contraloría decretó el embargo de bienes inmuebles de los responsables fiscales, igual que la retención de dineros depositados en las cuentas bancarias de todos ellos.
