La pérdida de su estatus diplomático por la terminación del periodo presidencial podría acelerar las investigaciones que la justicia de Estados Unidos adelanta contra Gustavo Petro y su círculo cercano.
Ante las autoridades de ese país, Petro tiene dos situaciones adversas en curso. La primera es una investigación preliminar sobre la financiación de su campaña, tendiente a determinar si ingresaron dineros de narcotraficantes.
Esta pesquisa avanza en dos expedientes diferentes, liderados por las fiscalías de Nueva York y Florida, en conjunto con el FBI y la DEA.
La segunda es una sanción de carácter administrativo y financiero: la inclusión, desde octubre del año pasado, en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como Lista Clinton.
Ese castigo, emitido por el Departamento del Tesoro, se basó en la Orden Ejecutiva N°14059 de la Casa Blanca, la cual se aplica a ciudadanos extranjeros “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente (sic) a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.
En tal sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en ese momento que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (...). El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.
En su reporte oficial, la entidad afirmó que el mandatario “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.
Ser designado por la lista OFAC implica que se prohíbe a cualquier persona y empresa de EE. UU. comerciar con el afectado, y le congelan las cuentas bancarias y demás activos financieros, tanto en Colombia como en la mayoría de países.
Además de Petro, la sanción incluyó a su hijo Nicolás Petro Burgos; a la ex primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
La pregunta que surge ahora es: ¿habrá cambios en esos procesos tras la salida del poder de Gustavo Petro?
El abogado penalista Michel Pineda, quien ha representado a varios colombianos procesados por la justicia de EE. UU., afirmó que “la salida de Petro de la Presidencia cambia el plano procesal, no el fondo. Cuando ejercía como jefe de Estado, existían consideraciones de inmunidad personal del derecho internacional frente a determinadas actuaciones judiciales. Ahora su salida reduce la inmunidad funcional y facilita que las autoridades estadounidenses puedan avanzar en diligencias investigativas, solicitudes de información, entrevistas, citaciones o, si llegan a reunir evidencia suficiente, en eventuales actuaciones penales”.
El jurista aclaró que “eso no significa que exista una declaración de responsabilidad ni una acusación formal; básicamente desaparece el obstáculo institucional que limitaba ciertas actuaciones”.
En eso coincidió el penalista Óscar Santamaría: “Ahora que Petro es expresidente, lo más probable es que las investigaciones en su contra fluyan más. Ya depende de la Fiscalía de Estados Unidos y del FBI si le ordenan una captura o lo citan a audiencia”.
Agregó que la llegada a la Casa de Nariño de Abelardo de la Espriella también podría influir en que esos expedientes avancen, dada su cercanía política con el Gobierno Trump.
Por otro lado, Pineda explicó que “la inclusión en la lista OFAC es una decisión administrativa, no un proceso penal. La permanencia o retiro dependerá de que el Gobierno de Estados Unidos considere que desaparecieron las razones que motivaron la designación. Petro puede solicitar una revisión administrativa, la carga probatoria de demostrar que ya no existen los fundamentos de la sanción recae sobre él”.
EL COLOMBIANO también consultó a un ciudadano que fue incluido en la Lista Clinton en el pasado, quien pidió la reserva de su identidad, y comentó que “hay que tener en cuenta que, en el caso de Petro, la sanción de OFAC tuvo una alta dosis de política, por eso es que mucho de lo que pueda pasarle en el futuro dependerá de cómo se mueva políticamente”.
Añadió que “ahora que es expresidente va a sentir más el impacto de la sanción, porque ya la Secretaría Privada y el Dapre no podrán hacerle trámites bancarios ni comprarle los tiquetes aéreos. No tendrá avión propio para salir del país y estará limitado para hacer negocios en el extranjero”.
Recordando su propia experiencia, la fuente contó que “le va a tocar valerse de su novia, sus familiares y hasta de sus escoltas para que le presten las tarjetas bancarias si quiere hacer alguna compra, o arrendar una propiedad, porque las aseguradoras, bancos y aerolíneas lo bloquean por estar en la Lista Clinton”.
“A mí me tocó en ese momento usar las tarjetas de mis hijas y sus cuentas bancarias si necesitaba hacer transacciones. Esto te afecta en trámites civiles y temas administrativos, que de pronto no venían siendo tan duros para Petro porque tenía el aparato estatal como respaldo”, relató.
La misma situación aplica para Benedetti, Alcocer y Petro júnior, quienes vuelven a ser ciudadanos comunes y corrientes, sin los beneficios que se derivaban de su cercanía con el Gobierno.
Por lo pronto, fuentes cercanas al caso señalaron que sigue vigente el contrato de $10.000 millones con la firma Amadeus Consultancy Limited para la defensa de Petro y sus allegados en EE. UU., el cual se pagó con dinero de la Presidencia.
Por la confidencialidad de dicho contrato, no es claro si todavía quedan cuotas por pagar, y si es así, cómo las pagaría el ahora exjefe de Estado.
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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Qué cambia en las investigaciones de Estados Unidos contra Gustavo Petro tras dejar la Presidencia?
- La salida de Gustavo Petro de la Presidencia podría facilitar el avance de las investigaciones que adelantan las autoridades de Estados Unidos, según los expertos consultados. Al dejar el cargo disminuyen las consideraciones de inmunidad personal propias de un jefe de Estado, lo que permitiría a las autoridades realizar diligencias como solicitudes de información, entrevistas, citaciones y, si reúnen evidencia suficiente, eventuales actuaciones penales. Esto no significa que exista una acusación formal ni una declaración de responsabilidad.
- ¿Qué investigaciones enfrenta Gustavo Petro en Estados Unidos?
- Petro enfrenta dos procesos distintos. El primero es una investigación preliminar relacionada con la financiación de su campaña presidencial para establecer si ingresaron recursos provenientes del narcotráfico, la cual avanza en expedientes liderados por fiscalías de Nueva York y Florida con apoyo del FBI y la DEA. El segundo corresponde a una sanción administrativa impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo incluyó en la denominada Lista Clinton.
- ¿Qué implica estar incluido en la Lista OFAC o Lista Clinton de Estados Unidos?
- Estar en la Lista OFAC significa que personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar negocios con el sancionado. Además, pueden congelarse cuentas bancarias y otros activos financieros, y el afectado enfrenta restricciones para acceder a servicios financieros, comerciales y administrativos en Estados Unidos y, en muchos casos, en otros países que cumplen esas sanciones.
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