Versiones extraoficiales señalan que su salida estaría relacionada con tensiones políticas en el gobierno, en medio del proceso judicial que enfrenta el exministro Ricardo Bonilla por el caso UNGRD.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, detenido desde diciembre pasado por su presunta implicación en el caso de corrupción de la UNGRD, se quedó oficialmente sin abogado tras la renuncia de Mauricio Pava.
Se conoció que Pava presentó su renuncia por iniciativa propia. No se entregaron detalles adicionales sobre las razones de su salida ni sobre el momento exacto en que se hará efectiva la sustitución de la defensa.
Bonilla permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que ha comprometido a varios exfuncionarios del Gobierno.
Al rededor de la renuncia del abogado surgieron varias versiones. Entre esas, que la misma no habría sido exclusivamente una decisión personal, sino que respondería a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro.
Supuestamente por la cercania de Pava con la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. Aunque son especulaciones, se dijo que el mandatario al parecer busca aislar a Sarabia hasta de los asuntos relacionados con sus exfuncionarios.
Sin embargo, EL COLOMBIANO pudo establecer que la salida de Mauricio Pava no fue un simple relevo profesional. Según fuentes cercanas al proceso, el abogado decidió apartarse al advertir que desde el entorno de Bonilla se impulsaba una estrategia con mayor carga política, mientras él insistía en mantener la defensa en el terreno estrictamente jurídico.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Pava planteó la semana pasada la necesidad de que el exministro evaluara la conformación de un equipo de defensa con un enfoque distinto al que él estaba dispuesto a asumir. El abogado consideraba que el caso debía centrarse exclusivamente en argumentos técnicos y jurídicos, evitando una línea de confrontación política.
Según esa versión, en el entorno del proceso existía la percepción de que, ante el ambiente preelectoral y la polarización creciente, podía resultar conveniente asumir una defensa con mayor contenido político. Pava no compartía ese criterio. Para él, el perfil académico de Bonilla y su trayectoria como profesor exigían una estrategia enfocada en la deliberación jurídica ante los jueces, no en el debate público.
Las fuentes indican que fue el propio abogado quien sugirió buscar un equipo que se sintiera cómodo con ese otro enfoque. La entrega formal del proceso se concretó esta semana, tras una conversación previa entre defensor y cliente.
En ese contexto, también se descarta que la salida esté relacionada con afinidades partidistas. Pava no ha sido abogado del Gobierno ni del proyecto político del presidente Petro, y públicamente ha fijado posiciones críticas frente a algunas políticas oficiales, como la llamada “paz total” o cuestionamientos relacionados con el sistema electoral. Su trayectoria profesional incluye asesorías y defensas en distintos sectores políticos, lo que, según allegados, reafirma su independencia.
Las mismas fuentes sostienen que el abogado mantiene una postura institucional frente a la justicia y que no comparte estrategias que impliquen deslegitimar cortes, magistrados o jueces, incluso en medio de desacuerdos procesales. De ahí que ahora, para su reemplazo, suenen los nombres de Alejandro Carranza, actual defensor del mandatario Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro, o el abogado Miguel Ángel Del Río, defensor del candidato presidencial Iván Cepeda.
En el caso de Ricardo Bonilla, el presidente Gustavo Petro ha asumido públicamente su defensa. Desde que el exministro fue enviado a prisión, el mandatario salió a respaldarlo y sostuvo que habría sido engañado. Según Petro, Bonilla actuó con ingenuidad y no con intención de participar en hechos irregulares.
“Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima”, escribió.
A Bonilla, testigos los señalaron como una de las cabezas del entramado ilegal que, mediante sobornos a congresistas, buscaba salvar las reformas de Petro, al que no le pedían cita para entrar a su oficina.
Pese a los señalamientos, continuó al frente del ministerio hasta que la presión mediática y judicial lo obligó a dar un paso al costado. Meses después, ya fuera del poder, fue llamado a responder ante la justicia. Y en una decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue enviados a prisión.
Conozca: ¿Por qué Petro ha defendido a Bonilla y no a Velasco por la corrupción en la UNGRD?
Al exfuncionario, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos de los cuales se declaró inocente.
El cambio en la representación legal se produce en un momento clave del caso UNGRD, mientras Bonilla continúa privado de la libertad y avanzan las actuaciones judiciales en su contra.
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