Luego del debate que se desató este viernes por la decisión que tomó la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el sector Infraestructura, de archivar la indagación preliminar que el organismo de control había abierto en 2018 contra la constructora española Sacyr y el Fondo Adaptación, por el contrato de obra del puente Hisgaura, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, confirmó que el proceso será reabierto.
Además, el jefe del organismo de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Diego Ospina, director de la dependencia que ordenó el archivo del expediente.
“Hace dos semanas tuve conocimiento de boca del delegado de Infraestructura, Gabriel Jurado, que por parte del doctor Ospina se había cerrado la indagación preliminar. Ante esto, le pedí el favor de tramitar de una vez la investigación ante control interno disciplinario y que enviara dichos hechos a la Fiscalía y a la Auditoría General de la República, para que fueran investigados por ellos mismos”, declaró Córdoba.
Además, agregó que “a la vez pedí el favor de reabrir el proceso, porque en una indagación preliminar no hay cosa juzgada. Así seguimos con el compromiso de vigilar los recursos de los colombianos y mucho más ante las denuncias del puente Hisgaura”.
Los líos del puente
La indagación, por un total de 96.725 millones de pesos, había sido emprendida luego de que la Contraloría anunciara en abril de 2019 que encontró hallazgos con presunta incidencia fiscal por 8.185 millones en el contrato 285 de 2013 entre el Fondo Adaptación y Sacyr, que tuvo por objeto la construcción de los puentes Hisgaura, La Judía y Sitio Crítico 43, en la vía Curos-Málaga, en Santander.
El informe de actuación del organismo de control advierte que los retrasos en la ejecución de la obra, que siete meses después de vencido el plazo para la entrega final no había sido concluida, así como cambios en el diseño, deficiencias en el proceso constructivo y la “falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías y de la supervisión de la entidad contratante”, habrían derivado en presuntos detrimentos patrimoniales al Estado por hasta 629 millones de pesos: 503 por no haber utilizado los diseños iniciales y 126 por los costos de interventoría.
La obra se hizo tristemente célebre en septiembre de 2018, cuando un informe fotográfico del Invías registró “graves anomalías”, entre ellas, una visible ondulación en su superficie y agrietamientos en su estructura. Ello causo que el Instituto Nacional de Vías (Invías) no recibiera la obra a satisfacción.
Actualmente, Sacyr intenta mediante dos tribunales de arbitramento, reclamarle al Estado colombiano 44.000 millones de pesos, aseverando que incurrió en mayores gastos que los contemplados en el presupuesto inicial, debido a la negativa del Invías a recibir la obra.
Consultado sobre este tema por EL COLOMBIANO, el Fondo Adaptación evitó hacer comentarios, en respeto de las actuaciones procesales.
