Una inspección a puerta cerrada recibió la Registraduría Nacional este miércoles 13 de marzo. Desde las 10 de mañana, casi una decena de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que ahora dirige Cielo Rusinque, hicieron presencia en las instalaciones intentando revisar correos, computadores y hasta celulares de algunos funcionarios de la oficina jurídica. No era la primera vez que lo hacían.
Bajo ese mismo concepto, en menos de 24 horas, justo el día anterior, la SIC también visitó las oficinas de la firma Thomas Greg & Sons (TGS), empresa involucrada en la polémica licitación de pasaportes con el Gobierno. Explicaron que estaban en búsqueda de pruebas y respuestas por presuntas irregularidades contractuales.
Pero, la visita se extendió incluso hasta la medianoche y también revisaron cuánto dispositivo y archivo encontraron. Todas las diligencias se realizaron bajo la justificación de que se trataba de un procedimiento normal y reservado.
Ante la inspección sorpresa, varios empleados de las entidades se opusieron y cuestionaron las medidas de la Superintendencia.
La respuesta de la SIC
La polémica creció al punto de que la SIC tuvo que emitir un comunicado para aclarar cuáles son los alcances que tienen al momento de indagar y de paso ratificar las recientes inspecciones a la Registraduría y Thomas Greg.
“La Corte Constitucional avaló las facultades de la Superintendencia de realizar visitas de inspección indicando que se tratan de diligencias cuya práctica no requiere autorización judicial previa, persiguen una finalidad legítima porque permite recaudar las pruebas necesarias para el desarrollo de la investigación, y no requieren el aviso previo, destacando que el factor sorpresa de estas es vital para el desarrollo adecuado de las mismas”, señaló la Super.
Así mismo detallaron las funciones que se le encargan a la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellas, “adelantar indagaciones e investigaciones para determinar la existencia de acuerdos, actos, abuso de posición de dominio en relación con comportamientos que puedan o tengan efectos en los mercados nacionales, en especial en los procesos de contratación estatal”.
Y también aprovecharon para dejar en firme las inspecciones señalando que están en potestad de pedir lo necesario en el proceso de indagación. “En el marco de las visitas de inspección, la Superintendencia está habilitada para decretar, practicar pruebas y recaudar toda la información conducente con el fin de verificar el cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia. Así, la Superintendencia se encuentra habilitada para solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el cumplimiento de sus funcione”, se lee en el comunicado.
¿Qué está buscando la SIC en las oficinas de Thomas Greg y Registraduría?
En el comunicado, la SIC también explicó los motivos de la visita señalando que sus funcionarios solo iban con el propósito de verificar el “cumplimiento del régimen libre de competencia económica en los procesos de selección contractual”, pero que nada de eso iba a interrumpir con las funciones diarias de Thomas Greg o de la Registraduría. A lo que hacen referencia es a una demanda que interpuso un ciudadano en 2021 señalando colusión (celebrar un contrato de manera clandestina con terceros) entre ambas entidades.
Así lo detalló la firma TGS en un comunicado emitido este martes 12 de marzo. En la misiva también explicaron que estaban “atendiendo la visita, como lo ordena la normativa vigente, y prestando toda la colaboración a la Superintendencia para aclarar sus dudas, y acreditar la inexistencia de conductas que atenten contra la libre competencia”. Sin embargo, la diligencia se llevó un tiempo prolongado y Thomas Greg tuvo en sus oficinas a los funcionarios de la SIC desde horas de la mañana hasta muy entrada la medianoche.
Si bien no entregaron mayores detalles de la inspección, se conoció que los nombres de dos empresas resaltaron en la diligencia; se trata de Indra e Idemia. Esas firmas han tenido a su cargo contrataciones para la organización de la entrega de los resultados electorales y la sala de prensa, mientras que TGS se ha encargado de la logística en los comicios.
Y como antesala a las sorpresivas visitas de la SIC existe una publicación en redes sociales, con fecha del 27 de febrero, en la que el presidente Gustavo Petro alerta por un “fraude monumental”.
“Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia. En el último año, han logrado que Thomas & Sons, propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy, pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y, al mismo tiempo, controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, se lee en su cuenta de X.
Al respecto, EL COLOMBIANO en una entrevista reciente habló con el abogado Jaime Suárez, quien trabajó 25 años en la Registraduría. Suárez cuestionó las palabras del mandatario y aseguró que es “imposible” que un contratista pueda hacer un fraude.
“Con la experiencia de haber estado tantos años en la Registraduría, creo que es prácticamente imposible que una sola empresa logre hacer eso. Aún si se unieran muchas empresas es igual de imposible porque a todos se les hacen pruebas, simulaciones, controles, trazabilidad y todo está autenticado no sólo por funcionarios de la Registraduría, sino por la auditoría externa que contrata para el acompañamiento técnico”, dijo el abogado.
Lo cierto es que, dos semanas después del mensaje de Petro y con la llegada de Rusinque a la entidad, se gestaron las inspecciones a cada entidad. Por ahora, hay expectativa frente a los hallazgos de ambas diligencias.
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