El escándalo por los archivos atribuidos al jefe disidente alias Calarcá, hallados en dispositivos incautados por la Fiscalía, generó tal impacto que llegó a proyectarse como un terremoto institucional para las Fuerzas Militares e incluso para el propio Gobierno. Sin embargo, al menos por ahora, ese remezón no se ha materializado en decisiones de fondo.
Apenas se conocieron las revelaciones, la Procuraduría fue la primera en reaccionar. Abrió indagación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional de dos altos funcionarios presuntamente implicados. No obstante, esa medida cautelar ya no está vigente y ambos pueden regresar a sus cargos, mientras el proceso continúa bajo reserva.
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En las últimas horas se conoció que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría decidió no prorrogar la suspensión provisional del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército Nacional, y de Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La decisión permite que retomen sus cargos sin que exista, por ahora, una sanción definitiva en su contra.
El escándalo estalló en noviembre de 2025 tras la publicación de la investigación periodística “Los archivos secretos de Calarcá”, en la que se revelaron comunicaciones y documentos supuestamente extraídos de dispositivos incautados a las disidencias al frente de alias Calarcá. Estos archivos sugerían presuntas conversaciones y encuentros entre miembros de esa estructura armada y los hoy investigados, así como la posibilidad de que se hubieran adelantado gestiones para crear empresas de seguridad que facilitaran la movilidad de los insurgentes y el porte de armas con ventajas legales.
La Procuraduría abrió indagación preliminar el 24 de noviembre y tres días después formalizó la investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional de los dos funcionarios, con el argumento de proteger la transparencia del proceso y evitar interferencias en la recolección de pruebas.
Sin embargo, la decisión más reciente del órgano de control señala que, si bien en 2024 se obtuvo información que apuntaba a posibles alianzas irregulares relacionadas con los acusados, “no existe evidencia suficientemente corroborada de que tales conductas continuaran o se materializaran mientras Huertas y Mejía ejercían sus funciones públicas”. Por esa razón, se consideró que no era necesaria la prórroga de la medida cautelar de suspensión, aunque el proceso disciplinario sigue en curso.
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La falta de claridad sobre la situación de Mejía ha generado incluso pronunciamientos oficiales. La DNI pidió a la Procuraduría una definición explícita sobre si la suspensión sigue vigente, fue prorrogada, archivada o si se ha dictado una resolución de fondo, argumentando que la ausencia de respuesta genera incertidumbre jurídica para la entidad.
Tanto Huertas como Mejía han negado las imputaciones. En declaraciones a medios, Mejía sostuvo que su función se limita a la inteligencia estratégica dentro de los marcos legales correspondientes y rechazó haber compartido información con grupos armados ilegales, señalando que las interpretaciones en su contra podrían deberse a malas lecturas de su rol institucional.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó como “falsos” algunos de los informes difundidos y sugirió, sin aportar pruebas públicas, que ciertos sectores habrían utilizado la información para desacreditar a su gobierno.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, ha adelantado diligencias en instalaciones militares, como inspecciones ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, con el propósito de reforzar la investigación en torno a los archivos y otros elementos probatorios incautados.
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