La Procuraduría General de la Nación ordenó este jueves 5 de octubre iniciar una investigación previa contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el viceministro Francisco Coy, por una presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM), frente a la crisis por la que atraviesa la población que cruza el Tapón del Darién.
Leyva y Coy deberán explicar los motivos por los que no se habría aplicado como corresponde la PIM a los migrantes que llegan hasta los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, con el fin de atravesar la frontera entre Colombia y Panamá.
Así mismo, tendrán que responder sobre por qué se dejaron de implementar acciones para brindar atención a los viajeros, desde el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a quienes llegaban al país por el oriente.
Pero no solo el ente investigador pidió indagar a quienes encabezan este ministerio, también incluyó en el expediente al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango, cuyas oficinas, según dijo el Ministerio Público, habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién, y el control de la población migrante en los municipios en donde realizan su primera parada. Actuaciones que podrían poner en riesgo la seguridad nacional.
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Así las cosas, el ente de control solicitó practicar pruebas que permitan determinar la ocurrencia de tales conductas, y así establecer si incurrieron en una falla disciplinaria y si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidades.
Es de señalar que esta orden de indagación de parte de la Procuraduría llega después de que Panamá solicitara a Colombia mayores detalles acerca del número de migrantes que transitan a diario por el Tapón del Darién, ya que no han podido acceder a información veraz, objetiva y continua, para medir de ese lado de la frontera la crisis.
La solicitud del vecino país provino de parte de su defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien le llamó la atención al Gobierno colombiano para que le pida a Migración Colombia facilitar dicha información y así conocer cuántas personas atraviesan esta selva y cuántas mueren en su deseo de cruzarla, datos con los que su país sí cuenta y recaba desde puestos de control en la frontera.
“No tenemos idea de cuántas personas mueren porque no tenemos información. Aprovecho respetuosamente para pedir al gobierno de Colombia que comparta información, nosotros necesitamos saber cuántos se adentran a la selva”, señaló Leblanc.
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Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración, detalló que en el último año más de 400.000 migrantes llegaron a su país, después de cruzar la selva del Darién, sin embargo, como bien lo explicó la Defensoría, se hace de suma importancia contar con los datos de Colombia, para así realizar un cruce de información que permita dimensionar la crisis y adelantar de manera conjunta e individual mayores medidas y políticas.
