Al niño Carlos A. M. el hambre y el miedo lo sacaron de la escuela: el hambre, porque el dinero que gana su madre limpiando casas en Medellín no le alcanza para darle la alimentación que necesita un menor a sus 11 años de edad; y el miedo, porque los muchachos del combo que manda en su barrio de la parte alta de la Comuna 4 (Aranjuez), se han instalado en la puerta de la escuela en los últimos días a mirar “quién les sirve y quién no”, para hacerles los mandados, como lo denunció la mamá del menor.
Sin una vida tranquila mientras asea las casas en el barrio Laureles y sin poder cuidar a su hijo, Sonia, la madre de Carlos A. M., pensó que lo mejor para evitar que su hijo terminara en el combo del barrio sería dejarlo encerrado en casa, acompañado de su primo de 8 años, y una abuela de 89 a la que ya las manos le pesan para ayudar en la casa.
“Prefiero que se quede en la casa, prefiero que esté encerrado todo el día a que termine en una esquina”, dice Sonia, quien ya pasó por el dolor de perder a un hijo que no quiso estudiar y se metió en los enredos de una guerra urbana que le arrebató la vida cuando apenas cumplía 15 años.
Sin saberlo, con esta acción Sonia ayudó a que la deserción escolar aumentara en Colombia en el último año, razón por la cual la Procuraduría lanzó una voz de alerta ante la cantidad de jóvenes en el país que han abandonado las aulas.
Según lo revelado por el ente de control, tan solo en el último año 341.417 menores de edad dejaron de asistir a escuelas y colegios por motivos que aún falta precisar.
“Ante las preocupantes cifras de deserción escolar en el país, la Procuraduría le pidió a la ministra de Educación, Aura Vergara Figueroa, formular acciones urgentes para garantizar la permanencia de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo.
Acciones en tres campos
Para esclarecer las causas del alto abandono de las aulas por los estudiantes, la Procuraduría le solicitó tres acciones directas al Ministerio de Educación: la primera, formular acciones urgentes para garantizar la permanencia de los niños, los adolescentes y los jóvenes en el sistema educativo.
La segunda, un detallado informe donde se aclaren “las acciones específicas definidas desde Gobierno para acompañar a aquellas ETC en las que se presentan los mayores niveles de abandono, detallando las principales causas identificadas y las acciones para contrarrestarlas”.
Y –en tercer lugar– la Procuraduría pidió a la Ministra el estado actual del Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE), sistema en el que se registra la información del estudiante, de su núcleo familiar, del contexto institucional y municipal “con el fin ser analizada por los diferentes niveles de administración del sistema educativo para tomar decisiones que mejoren la permanencia escolar”.
La solicitud de la Procuraduría llega tres días después de que la ministra Figueroa anunciara la aprobación de $2,2 billones en la adición presupuestal para fortalecer el plan de alimentación escolar, aumento de cobertura e infraestructura educativa en el país, llegando a los $57 billones en el presupuesto.
Le inyectan plata al sector educativo
El Ministerio de Educación también destinará recursos para financiar gastos de nómina de los pensionados del magisterio y para aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) asegurando que su ejecución coincida con la terminación del calendario escolar de los niños y niñas de las Entidades Territoriales Certificadas que tienen mayores restricciones presupuestales. “Los recursos adicionales para la educación superior serán fundamentales para avanzar en la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo que busca brindar oportunidades de acceso a 500.000 nuevos estudiantes de todas las regiones del país”, expresó Vergara.
