La caravana presidencial llegó sobre la hora del almuerzo el pasado miércoles 30 de abril a un exclusivo sector del norte de Bogotá. El presidente Gustavo Petro visitó en su apartamento a Gregorio Eljach, procurador general, pues dos días antes el exsecretario del Senado se había sometido a una cirugía.
Las críticas no se hicieron esperar, pues se trata de un espacio personal entre el jefe de Estado y la cabeza de la entidad encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos.
Hacia las 5:00 p.m. de ese día, la Procuraduría tuvo que emitir un mensaje aclarando el hecho: “El procurador Gregorio Eljach recibió la visita del presidente Petro, congresistas, familiares, amigos y funcionarios de la Procuraduría en su proceso de recuperación de la cirugía que le fue practicada el pasado lunes. Agradece la solidaridad y mensajes de afecto recibidos”.
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A su vez, también en la red social X, el presidente Petro citó el mensaje y agregó: “Se volvió pecado visitar enfermos”. Pero no fue cualquier visita.
La cercanía entre Petro y Eljach —que fue nominado por el Gobierno y ganó con una aplanadora votación de 95 votos en el Senado— es cada vez más evidente y se traduce en decisiones favorables al Ejecutivo en temas clave que son del corazón petrista, como las reformas a la salud y pensional.
EL COLOMBIANO investigó y encontró ocho asuntos en los que la Procuraduría ha reversado decisiones, emitido conceptos favorables o fijado posiciones que se ajustan a los intereses de Petro, esto desde mediados de enero de 2025 cuando Eljach asumió el cargo.
Además, según varias fuentes de la entidad, hay una orden explícita de “no afectar” al Gobierno. “Ningún seguimiento que afecte al Gobierno, esa es la orden. Un cambio de 180 grados”, dice un funcionario de nivel directivo bajo reserva por temor a represalias.
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1 - Salud: UPC y la procuradora delegada
De hecho, un primer guiño entre Petro y Eljach habría sido la salida de Diana Ojeda, procuradora delegada para asuntos del trabajo y seguridad social. Frente al manejo del sector salud por parte del Gobierno, Ojeda adelantó varias investigaciones y solicitó a la Corte Constitucional que evalúe la posibilidad de declarar Estado de Cosas Inconstitucional por la crisis del sistema.
Además, la funcionaria cuestionó el incremento del 5.36% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado destina a las EPS por la atención de cada paciente: “(...) se adoptó sin sustento técnico alguno, en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la República de la denominada Ley de Financiamiento, y la necesidad de poner presiones insostenibles para lograr la aprobación de la ambicionada gubernamental reforma al Sistema de Salud (sic)”, dijo entonces la exfuncionaria.
El Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, justo antes de la llegada de Eljach, no solo recusó a Ojeda sino que el presidente Petro habría pedido su cabeza en la primer reunión en Palacio con el procurador general cuando fue elegido. En el MinSalud celebraron la salida de Ojeda.
“Ahora el ministro Jaramillo es un invitado especial en la Procuraduría: no le exigen, no le piden. La UPC quedó como ellos querían e ignoraron lo que les pidió la Corte”, agrega el funcionario de la Procuraduría refiriéndose a que el alto tribunal señaló que la UPC en 2024 fue insuficiente y ordenó a esa cartera hacer mesas técnicas para ajustarla.
Esas mesas se acabaron esta semana y no hubo avances significativos sino hallazgos que la propia procuradora Ojeda había alterado desde el año pasado.
2- El muelle 13 de Buenaventura y la salida de otra cabeza
Presidencia también habría pedido la cabeza, según varias fuentes, de Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales. En concreto, por las advertencias frente a las intenciones del Gobierno en el Muelle 13 de Buenaventura, pero también sobre otros asuntos minero energéticos.
Sobre el Muelle, Petro ordenó a través de la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), no renovar la concesión con Grupo Portuario S.A. aduciendo que no contaban con una licencia ambiental adecuada.
En reemplazo de esa concesión, el Gobierno quiere asignar el Muelle 13 a la pesca artesanal sin tener un plan razonable.
Para el procurador delegado Guerrero, esa medida se tomó sin claridad. Es decir, que “el expediente no está conformado, no se tiene certeza sobre la totalidad de los documentos que conforman el expediente de las actuaciones administrativas de EPA Buenaventura”, lo que podría conducir a una falta disciplinaria para los funcionarios involucrados como consecuencia de un “ineficiente” y “poco riguroso seguimiento” de un instrumento de manejo ambiental.
Nada de lo anterior ha avanzado en la Procuraduría de Eljach y en cambio le están buscando reemplazo a Guerrero.
3 - El salvavidas a la reforma pensional
También la administración Eljach ha emitido conceptos favorables para leyes del corazón del Gobierno como la reforma pensional. Según el Ministerio Público, esa ley “no presenta vicios de constitucionalidad, dado que su trámite legislativo cumplió con todos los requisitos normativos”.
Incluso, contrario a la administración anterior de Margarita Cabello, destacan “su potencial para mejorar la equidad, ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano” y señalan que no hubo vicios de trámite en la Cámara de Representantes.
Eljach, que fue secretario del Senado por más de 12 años, es cercano a varios sectores políticos que votaron a favor de esa reforma, lo que ha sido otro elemento para cuestionar su independencia.
La entrada en vigor de esa ley será el 1 de julio de este año y por eso la Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la reforma, es decir que se pueda llevar a cabo.
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Tampoco tuvieron en cuenta el concepto de la exprocuradora Cabello que cuestionaba la ley más allá del trámite en el Legislativo. Por el contrario, para Eljach, “revertir esas operaciones podría augurar una litigiosidad de efectos impredecibles”, según el documento de defensa.
4 - Catatumbo: Eljach le dio la razón a Petro
Frente a la crisis humanitaria en el Catatumbo y la declaración del estado de conmoción interior, el procurador Eljach también está de lado del Gobierno pues le pidió a la Corte Constitucional declarar el decreto ajustado a la Constitución.
El concepto favorable señala que lo ocurrido en el Catatumbo afectó “la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana de la región del Catatumbo, Cúcuta, Río de Oro y González en Cesar”, lo que parece ser un argumento evidente.
El Ministerio Público, en cambio, no cuestionó como lo hizo en su fallo la Corte, las medidas tomadas en relación a “la presencia histórica del ELN, la concentración de cultivos ilícitos, las deficiencias e incumplimientos en la implementación del Pnis, las necesidades básicas insatisfechas de la población por insuficiencia en la política social y los daños a la infraestructura energética y vial, así como las afectaciones a las operaciones del sector de hidrocarburos”.
El alto tribunal las tumbó a pesar de que justificaban cerca del 70% de los recursos que pidió el Gobierno por medio de impuestos extraordinarios.
5 - SuperSubsidio y el Fonpet de Hacienda
La lista de favorecimientos de la Procuraduría bajo la dirección de Eljach frente al Gobierno Petro continúa con asuntos que han pasado desapercibidos en la opinión pública, pero que tienen importantes implicaciones.
Por ejemplo, el Ministerio Público decidió revocar la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años impuesta al exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, dejando sin efecto tanto la decisión de primera instancia como la ratificación en segunda instancia.
Pérez Casas, abogado cercano al presidente Petro y exmagistrado del CNE, había sido sancionado en mayo de 2024 por una sala de juzgamiento que determinó que el funcionario había modificado la lista de elegibles a cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, sin ninguna justificación.
Además, el funcionario habría incluido en estos listados a personas que no habían participado en la convocatoria. Eljach consideró que no era cierto aduciendo que “nunca se logró probar el aparente ejercicio de la función con una finalidad distinta a la consagrada en la ley”.
También, según investigó este diario, la Procuraduría suspendió las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Tras una investigación de EL COLOMBIANO que reveló con audios y documentos que $23.000 millones de pesos “no aparecen” en ese fondo y nadie daba razón, la Procuraduría inició una investigación exigiéndole claridad al entonces ministro Diego Guevara.
Actualmente está detenido ese proceso pues funcionarios del Ministerio Público aseguran que “no deben hacerle seguimiento a ese tema si afecta al Gobierno” y que los funcionarios, empezando por los procuradores delegados, tienen prohibido hablar con medios o filtrar información pues el único vocero es el procurador general.
6 - ¿Ministros haciendo política?
Otro cuestionamiento a los pocos meses de gestión de Eljach tiene que ver con la presunta participación en política de miembros del alto Gobierno como Armando Benedetti, ministro del Interior.
Desde que asumió ese cargo, el poderoso funcionario ha hecho declaraciones que en otras ocasiones han merecido una sanción disciplinaria.
“Si logramos hacer un frente amplio para marzo (del 2026), en donde vaya el Partido de La U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, los independientes y los Verdes de Amaya, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila”, dijo Benedetti a principios de marzo.
El artículo 127 de la Constitución Política prohíbe a todos los funcionarios públicos formar parte de las actividades, controversias o intervenir en procesos electorales. De hecho, la MOE (Misión de Observación Electoral) alertó sobre esa presunta participación en política y dijo que la Procuraduría debía pronunciarse. No ocurrió.
El procurador general, un abogado de 66 años cercano al poder, tiene un vínculo estrecho con todo tipo de sectores políticos y líderes nacionales y regionales.
A pesar de ha insistido en que su gestión frente a la Procuraduría será independiente, lo cierto es que por lo menos frente al Gobierno Petro no ha sido así, según las decisiones tomadas en los últimos cuatro meses.
Resulta curioso, por decir lo menos, que el presidente Petro por fin haya encontrado un aliado en el Ministerio Público pues hasta antes de que Eljach se hubiera posesionado, el jefe de Estado insistía en la idea de que esa entidad debía ser eliminada.
No solo porque la exprocuradora Cabello, que fue exministra del Gobierno Duque, tuvo una posición crítica contra su administración sino porque él mismo siendo alcalde de Bogotá fue destituido por el exprocurador Alejandro Ordoñez y la decisión fue anulada gracias a un emblemático fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy, que los entes de control la mayoría a su favor, el jefe de Estado ya no no se queja ni pide eliminar la Procuraduría.
Todo lo contrario. EL COLOMBIANO le envió un extenso cuestionario a Gregorio Eljach para incluir su versión en esta historia, pero acudiendo a su incapacidad médica, el procurador general no respondió las preguntas al cierre de esta historia a pesar de manifestar interés en hacerlo cuando se reintegre a sus funciones.
