Esperando su trámite de extradición en una celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, John Fredy Zapata Garzón, alias “Candado” o “Messi”, contempla cómo van cayendo las personas que hicieron negocios con él en sus días de apogeo.
Por beneficiarse de la compleja red de blanqueo de capitales del lavador “estrella” del Clan del Golfo, presuntamente, esta semana fueron judicializados dos exalcaldes y un exsecretario de gabinete del Urabá antioqueño.
El fiscal Eduar Calderón, director contra la Corrupción, informó que el ente acusador presentó ante un juez de control de garantías a Jaime López Pacheco, exalcalde de Necoclí (2016-19); a Ovidio de Jesús Ardila Rodas, exmandatario de Carepa (2016-19); y a Alex Lozano Lozano, exsecretario de Planeación de esa misma localidad.
Los sospechosos se declararon inocentes por las imputaciones de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Sin embargo, según Calderón, estas personas son sospechosas “de direccionar la contratación de sus municipios para que quedara en manos de las empresas de ‘Candado’ (...). Los dos exmandatarios, a través de terceros, habrían recibido aportes por $410 millones para sus campañas políticas. Tan pronto ganaron las elecciones, al parecer, orientaron la contratación a favor de ‘Candado’ en contraprestación por el dinero recibido”.
Por medio de nueve compañías, algunas de ingeniería civil, el delincuente habría recibido contratos que superaban los $10.000 millones.
¿Pero quién es “Candado”, el reo que tiene con los nervios de punta a estos y otros políticos de Urabá?
Según fuentes judiciales, Zapata era el hombre de confianza de Dairo Úsuga (“Otoniel”), el extraditado jefe del Clan del Golfo, para los asuntos de lavado de activos. Se asociaron en 2012 para exportar cocaína a EE.UU. y blanquear capitales en Urabá y el Eje Cafetero.
“Candado” desarrolló una intrincada red de testaferros y empresas para camuflar las ganancias de la droga. Invirtió en comercializadoras de servicios y productos, firmas de ingeniería, hoteles y consultorios médicos.
También patrocinó políticos, artistas de reguetón y música de despecho, e incursionó en el mercado de pases de futbolistas.
En 2021 fue condenado a 11 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y EE.UU. solicitó su extradición.
Un investigador judicial que lo persiguió en su momento, le contó a este diario que Zapata “manejaba la contratación con todas las alcaldías de Urabá, esa siempre fue su principal actividad”.
Esto quiere decir que los exalcaldes López y Ardila fueron los primeros en caer, en medio de una lista de implicados que podría ser mucho más extensa.
