El cacique del clan Torres está en la mira de la Fiscalía tras ser salpicado por Nicolás Petro en la presunta financiación irregular de la campaña.
El ventilador que hace una semana prendió Nicolás Petro Burgos despejó las dudas y ratificó los indicios que desde meses atrás existían sobre el rol que jugó el denominado Clan Torres de la Costa Atlántica en la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Hoy las miradas están puestas sobre la cabeza del grupo, el empresario Euclides Torres, y su participación e influencia en “el gobierno del cambio”.
Si bien ya son conocidas las conexiones políticas de Torres con el petrismo –de la mano del exembajador Armando Benedetti y que, inclusive, le permitieron poner a uno de los suyos en la lista del Pacto Histórico, el hoy senador Pedro Flórez–, comienza a hacerse visible también su injerencia en ciertas entidades del Gobierno.
Además de influencia a través de puestos y cuotas burocráticas, el dominio del Clan Torres estaría concentrado en millonarios contratos con el Estado a través de sus decenas de empresas. Justamente allí se orientan ahora las investigaciones de la Fiscalía para poner al descubierto presuntas irregularidades relacionadas con votos y plata a cambio de contratos y puestos.
Una revisión realizada por este diario da cuenta de las conexiones, enlaces y participaciones de empresas vinculadas a Euclides Torres con varios organismos estatales. Quizá uno de los casos más visibles quedó al descubierto en diciembre pasado, cuando el diario El Tiempo denunció el lobby que estaría ejerciendo un grupo empresarial sobre el Código Electoral y un artículo que buscaba que recayera en la Registraduría la exclusividad de hacer la identificación digital y la firma digital a través de biometría o sistemas de autenticación.
De por medio había jugosos negocios de contratación y sobresalió la influencia de la empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A. (G.S.E.), cuyo gerente general es el empresario español Álvaro de Borja Carreras Amoros, nada menos que el yerno de Euclides Torres.
“Todos los temas de auditoria aprobados en el Código son para Euclides. Estuvieron detrás de la redacción de varios artículos. Le metieron la mano también a la autenticación digital (...) Se habla de que pudieron tener participación en las máquinas para el voto electrónico, cuya implementación –según el Ministerio de Hacienda–, costaría entre $8 y $9 billones. Los negocios de tecnología electoral estaban enrocados con Euclides”, aseguró a EL COLOMBIANO una congresista al tanto del proyecto, que revisa la Corte Constitucional.
Justamente, al rastrear la injerencia de G.S.E. este diario pudo constatar que, en mayo pasado y a través de contratación directa, la Agencia Nacional Digital –una entidad adscrita al Ministerio TIC–, firmó un contrato por tres meses con esa firma por valor de $218 millones para adquirir servicios de certificación digital.
Pero no es todo. En 2019, en medio de una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alrededor de un presunto cartel empresarial en Centros de Reconocimiento de Conductores, resultaron salpicadas empresas vinculadas a Torres, entre ellas G.S.E. De hecho, el proceso demostró que la compañía estaba bajo la sombrilla de un grupo denominado Simetric, dominado por Euclides Torres.
Desde 2018 hubo denuncias por supuesto direccionamiento de contratos en la Fiduprevisora con supuesta injerencia del entonces senador Armando Benedetti. Además, este diario encontró que en enero de 2022 y durante 11 meses, Simetric contrató con la estatal Positiva Compañía de Seguros para implementar actividades de asesoría técnica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. El valor fue de $504 millones.
Paradójicamente, como denunció la emisora W Radio en marzo, la SIC hoy estaría bajo la influencia de Torres a través del abogado Jairo Rubio Escobar, exjefe de la entidad y quien defendió al empresario en el caso de cartelización. Al parecer, en algunas dependencias –como la de protección al consumidor o asuntos jurisdiccionales–, estarían fichas de la cuerda de Rubio y, por ahí derecho, de Torres.
Incluso, los tentáculos se extenderían hasta otra Superintendencia, la de Salud, clave en momentos en los que Petro tramita su reforma. Allí está a la cabeza el superintendente Ulahy Beltrán López, quien ha sido relacionado con Benedetti y el clan Torres.
Pese a haber salido de la dirección del Hospital Cari de Barranquilla con dos procesos fiscales en su contra, Beltrán fue puesto en una entidad que no solo vigila a las EPS, sino que puede liquidarlas.
No puede pasar por alto además que el hermano de Euclides Torres, Dolcey Torres –del Partido Liberal, pero del ala petrista–, fue salpicado en el ramillete de congresistas que habrían obtenido puestos en el Fondo del Ahorro a cambio de supuestamente apoyar las reformas del Gobierno.
Todas estas conexiones, vínculos y tentáculos están hoy en la mira de la Fiscalía que considera decisivo el papel que jugó Torres y su red. Se trata de la pista a seguir para revelar las aparentes ilegalidades y dar claridades alrededor de los $15.000 millones que dejó al descubierto Benedetti.
El rastro del clan Torres
El Clan Torres edificó su emporio empresarial en la Costa a punta de la prestación del servicio de alumbrado público y, a partir de allí, extendió su influencia a la política de la mano de diputados y congresistas. Al parecer, el grupo aterrizó en la campaña Petro de la mano del exsenador Benedetti quien, en una indagatoria ante la Corte Suprema en 2021, admitió que sostenía una “relación fraternal” y de confianza con Euclides Torres. Aunque ha negado cualquier tipo de vinculación con la campaña presidencial, se presume que Torres sería uno de sus financiadores no declarados. Se le señala hasta de “aportar plata y logística” para eventos del entonces candidato en la Costa, entre ellas, la recordada tarima en forma de “P”.
Así es el organigrama político del Clan Torres
