Desde el Congreso surgieron dos críticas por la aprobación del presupuesto general de la Nación para 2016: no hay recursos para el posconflicto y existen dudas sobre la destinación de partidas generales para las regiones. Según el Centro Democrático, el gobierno está “financiando ilegalmente las campañas” electorales con recursos públicos.
Para aclarar si el Ejecutivo está financiando campañas con recursos públicos, el senador Álvaro Uribe le pidió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas que publique quiénes son los senadores que están detrás de algunos presupuestos que se están destinando a las regiones: “Ningún mal le habría hecho a la democracia si el señor ministro de Hacienda le dice al país quiénes han sido los gestores de las partidas regionales o que se haga una reforma y que esas partidas se asignen aquí públicamente. ¿Qué malo tiene?”.
La crítica no se quedó ahí. Uribe amplió su denuncia señalando que los congresistas “aprobaron más de un billón como partida global. Con dineros que da el Gobierno a sus políticos financian ilegalmente campañas, pero se escudan en la paz”. Esta hipótesis, dijo el senador, se comprueba si el ministro publica quiénes son los gestores de cada partida presupuestal.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha preferido no responderle directamente a la bancada del Centro Democrático. Sin embargo, en su intervención en el Senado aclaró que cualquier ciudadano puede rastrear los contratos que firma el Gobierno en las regiones. Invitó a los congresistas a visitar el portal de transparencia económica del gobierno (www.pte.gov.co).
“Denuncia no tiene sentido”
Para el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, la denuncia del Centro Democrático “no tiene sentido. Nunca se ha aprobado un presupuesto general revelando los nombres de los congresistas que solicitaron los proyectos. Ahora, el presupuesto es para 2016, es absurdo que se hayan entregado recursos para financiar estas elecciones de octubre”.
Otro es el punto de vista de la senadora Claudia López, quien considera válida la denuncia de Uribe: “Aquí se aprueban partidas globales y por debajo de la mesa el congresista se queda con una partida específica. Eso pasa. Ahora, que Uribe lo denuncie es lo mismo que un burro hablando de orejas. Lo que sucede ahora pasaba en su gobierno, solo que con los senadores de su coalición. Los congresistas piden inversiones para sus regiones pero muchas veces se quedan con esa plata, es mermelada y corrupción”.
El Partido Verde formuló un proyecto de ley para que las partidas globales pasen por audiencias públicas en cada departamento y sean aprobadas de manera específica en el Congreso. “La idea es que uno pueda saber qué congresista pidió un presupuesto específico y para qué. Debe haber una vigilancia de estas partidas presupuestales”, dijo la senadora.
Para el senador Iván Cepeda, la denuncia de Uribe “merece ser investigada. Sin embargo, lo que más me preocupa es que el presupuesto 2016 no tiene una partida asignada para los gastos del posconflicto. No está definido un presupuesto que garantice la transición hacia la paz. Solo existe la posibilidad de transferir fondos ante un eventual fondo para la paz, pero no están las bases para tener una institucionalidad que garantice los mecanismos de la construcción de paz”.
Se estima, según datos del Minhacienda, que el gobierno destinará 10 billones de pesos para asuntos relacionados con el posconflicto, como víctimas, restitución de tierras, entre otros. No obstante, en el Senado calculan que son necesarios 90 billones de pesos para implementar los acuerdos de paz.
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