Luego de un año atípico, en el que las altas cortes debieron adaptarse para sesionar de manera virtual por primera vez en su historia, a causa de la covid-19, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tendrán que estudiar en 2021 procesos de gran relevancia que incluyen temas como el aborto, el fracking y las investigaciones por la ‘Ñeñepolítica’, entre otros temas.
Se trata de procesos que ya están en marcha relacionados con investigaciones penales, revisión de demandas por inconstitucionalidad, así como supuestas faltas de los senadores en el ejercicio de su función legislativa. Estos son algunos de ellos.
En la Corte Suprema
La Sala de Instrucción tiene pendiente avanzar con el proceso del senador Eduardo Pulgar, quien se encuentra privado de la libertad luego de estar inmerso en un ofrecimiento de coimas a un juez, a cambio de favorecer a un tercero.
De otro lado, continúa en la Sala de Juzgamiento el juicio contra el exmagistrado de la misma corporación, Gustavo Malo, quien está vinculado al denominado ‘Cartel de la Toga’, ese entramado de corrupción al interior de la Justicia en el que se prometían favores judiciales a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Otro pendiente de la Suprema es la ‘Ñeñepolítica’, el sonado caso que salpicó hasta al presidente Iván Duque por las denuncias de compra de votos en medio de su campaña presidencial. Por estos hechos, la Corte adelantó una práctica de pruebas con la que pretende vislumbrar si existió irregularidad alguna. El caso vincula al fallecido José ‘Ñeñe’ Hernández, señalado narcotraficante que, presuntamente, tuvo vínculos con la campaña que llevó a Duque a la Casa de Nariño.
Otro caso es el del general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, quien desde que salió de su cargo ha pasado un buen tiempo en la Corte, asistiendo a múltiples audiencias de investigaciones que enlodan su nombre, en esta ocasión, para 2021, el oficial tiene pendiente aclarar sí aprovechándose de su cargo como miembro de la Institución intimidó a una fiscal a cambio de evitar una orden de captura contra un particular.
Otro reto importante que tiene la Corte Suprema es resolver más de 130 impugnaciones que interpusieron exsenadores, exministros, entre otros aforados buscando la revisión de sus condenas en primera y única instancia.
Cabe mencionar que la brecha para que esto sucediera la abrió el exministro de Agricultura Luis Felipe Arias, quien a través de varias acciones legales le solicitó al alto tribunal que su condena de 17 años por irregularidades en Agroingreso Seguro sea revisada por una subsala del alto tribunal que lo sentenció.
Así como Arias, Miguel Maza Márquez, Rodrigo Aldana, Sabas Pretelt, Bernando Moreno, María del Pilar Hurtado, Néstor Iván Moreno e Hipolito Moreno, entre otros, están a la espera de las determinaciones de la Corte, que concluirá si los absuelven, les ratifican o disminuyen años de sus respectivas condenas.
En la Corte Constitucional
Pese a que el alto tribunal sentó jurisprudencia con el tema del aborto y dejó tres causales en las que la mujer puede acceder a dicho procedimiento sin tener alguna afectación legal, este asunto se vuelve a tocar en 2021, por cuenta de cuatro demandas de inconstitucionalidad que llegaron a la corporación durante el ajetreado 2020, en el que los magistrados tuvieron cabeza únicamente para dar viabilidad a los más de 130 decretos que emitió el Gobierno Nacional en medio de la emergencia social y económica que provocó la covid-19.
Aunque el aborto ya se había discutido, incluso recientemente, y el alto tribunal dijo quedarse en lo resuelto, el 2021 promete zanjar una nueva discusión en la que, pese a cual sea la determinación, el país y varios sectores se dividirán por sus posturas religiosas, sociales y hasta políticas.
Otro pendiente de la Corte es revisar una demanda en contra de la cadena perpetua, ese proyecto de Ley que dio de qué hablar el año pasado en el legislativo, por lo complejo que fue su aprobación, no obstante, aunque en el Congreso superó todas las etapas, el alto tribunal, luego de su aprobación, recibió la primera demanda de inconstitucionalidad. Un reto más que tiene la corporación es resolver lo que va a ocurrir con las curules de paz, que les prometieron a las víctimas del conflicto armado tras la firma del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las extintas Farc; sin embargo, hasta la fecha ese pacto no se ha concretado.
El alto tribunal también tiene en sus despachos una demanda contra una Ley que regula el teletrabajo, así como otra que pide evaluar baldíos y el nuevo Código Electoral, sin contar que deberá decidir si acepta o no una tutela que presentó el Gobierno en la que se pide revisar un fallo de la Corte Suprema sobre la protesta pacífica
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demandas por supuesto fraude electoral deberá resolver el Consejo de Estado.
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