Acusado de participar del saqueo a las finanzas de Córdoba, con 8.950 millones de pesos perdidos, el exmandatario de ese departamento Alejandro Lyons consiguió cerrar la primera parte de su negociación con la justicia y, al menos por el próximo año, no deberá preocuparse por las investigaciones que se adelantan en su contra.
Dentro del acuerdo avalado por el Tribunal Superior de Bogotá, entre el político y la Fiscalía General de la Nación, por dos de los tres delitos de los que lo acusan (peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales), se suspende la actuación penal en su contra y se le da un máximo dos años para devolver 4.000 millones de pesos.
A cambio, deberá contar toda la verdad acerca del carrusel de sobornos y corrupción en fallos judiciales al interior de la Corte Suprema de Justicia y frente a lo ocurrido en su propio departamento, y estos datos deberán ser sustanciales y verificables.
A la situación judicial de Lyons solo le falta que la propia Corte Suprema le apruebe la negociación por el tercer delito, concierto para delinquir, conocida el 23 de agosto pasado, en la que se compromete a pagar cinco años de cárcel una vez regrese al país. Actualmente se encuentra viviendo en Miami, colaborando con la justicia de Estados Unidos en un proceso por lavado de activos contra el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.
Por laxo que pueda parecer este trato, el exgobernador sería una fuente de información clave en los procesos penales contra 18 señalados en el escándalo de corrupción en la justicia, incluyendo a Moreno, el senador Musa Besaile, los exmagistrados Camilo Tarquino, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, el actual gobernador de Córdoba Edwin Besaile y un funcionario de esta entidad territorial, Guillermo Pérez.
Para Musa, recientemente capturado, tendría pruebas de que parte del pago a Moreno por sus favores en la Corte salieron del saqueo a Córdoba, que la Fiscalía avalúa en al menos 80.000 millones de pesos.
Trascendió además que tendría pruebas de un pedido de 20.000 millones de pesos de Tarquino para pactar el proceso por el desfalco a las regalías en Córdoba.
Según su abogado, Darío Bazzani, quien fue clave en la negociación del exgobernador con la DEA en Estados Unidos, la colaboración iniciará de forma “inmediata”.
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