La senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue sorprendida el pasado 25 de mayo intentando transportar, aparentemente escondidos, 68.000 dólares en efectivo que planeaba mover en un vuelo internacional en el aeropuerto de Comayagua, en Honduras. Más allá de la sorprendente y abultada cantidad de dinero, que supera los 267 millones de pesos, se trató de otro hecho desafortunado para quien la revivió en el escenario político colombiano: Gustavo Petro.
Córdoba fue retenida en el país centroamericano al tratar de pasar, sin declarar, esa millonada a través de dicha terminal aérea con destino Panamá –para luego arribar a Colombia–, y terminó protagonizando una inoportuna situación ignorando que cuatro días después (29 de mayo) se llevaría a cabo la primera vuelta presidencial en la que Petro, su actual padrino político, es el más opcionado en intención de voto, según encuestas.
En la tarde de este jueves, Córdoba y Migración Honduras confirmaron que la retención preventiva se levantó y se detalló que la congresista electa colombiana no tiene ninguna restricción de movilidad para quedarse o salir de ese país, pero el expediente por la alta suma de dinero quedó abierto debido a los reparos por su procedencia.
A pesar del amplio ruido que se desató por cuenta de esa situación, hay otros hechos polémicos que también empañan a la senadora electa, y por ello en las últimas semanas Córdoba se ha convertido en una especie de lastre para la campaña de Gustavo Petro, pues sobre él han recaído diversas críticas y cuestionamientos de la opinión pública, que no le caen nada bien y menos en plena recta final de la contienda electoral para llegar a la Casa de Nariño.
Consciente de la carga que podría representar brindarle un apoyo irrestricto en medio de las controversias, Petro le pidió el pasado 20 de abril a la senadora electa que se aparte de su campaña hasta que no aclare sus cuentas pendientes con la justicia, e incluso el pasado lunes el candidato del Pacto Histórico fue más allá y, en medio de un debate, aseguró que si es el caso firmaría la aprobación para extraditarla.
Ante el nuevo escándalo, el de los 68.000 dólares, el aspirante presidencial también se pronunció y esquivó todas las críticas reiterando que le pidió distancia a Córdoba. “Ella está separada de la campaña. Sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia, que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”, dijo Petro.
Los escándalos en campaña
La más reciente controversia en la que se vio involucrada la senadora electa se registró a finales de abril pasado, cuando se reveló que hizo varias visitas a la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece recluido su hermano Álvaro Córdoba, quien fue capturado en febrero con fines de extradición por presunto tráfico de cocaína a Estados Unidos, según el pedido de una corte del Distrito Sur de Nueva York.
Ante las críticas que desató este hecho, Córdoba reveló una carta firmada por el extraditable Juan Carlos Cuesta Córdoba, quien aseguró que ella lo visitó para establecer si “tenía conocimiento sobre aspectos de interés”. No obstante, hubo otro hecho que también la opacó, pues a su hermana, Martha Lya Córdoba, el Inpec la descubrió tratando de ingresar ilegalmente a ese mismo centro penitenciario alrededor de 2 millones de pesos en billetes de 50.000 pesos.
Previamente, el hecho que desató diversas críticas, incluso contra el mismo Petro, fue la apertura de una investigación por ‘Farcpolítica’. A Córdoba, su exasesor Andrés Vásquez la acusó de ser alias Teodora de las extintas Farc, y a su vez señaló que la hoy congresista electa presuntamente se aprovechó de los secuestrados para negociar sus liberaciones y obtener así rentas económicas y políticas.
Por este caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y ha recopilado pruebas contra Córdoba. Ella respondió en su defensa que se trataba de un “refrito” y de una supuesta persecución, pero el alto tribunal mantuvo la investigación en marcha.
Tiene más controversias
Otro hecho por el que la congresista electa tiene un expediente abierto es su presunta relación con Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. En enero de este año, una Comisión de Fiscalización ecuatoriana le entregó al presidente Iván Duque, a la Fiscalía General y al Congreso un expediente de 125 páginas en el que se recopilaron pruebas sobre presuntos nexos de políticos colombianos –entre ellos Piedad Córdoba– con Saab.
La congresista electa ha sido insistente en que no ha tenido relación con Saab, pero la Corte Suprema recopiló una serie de pruebas que fueron entregadas por Vásquez, que podrían incriminarla. Entre ellas están correos electrónicos, transacciones bancarias y soportes, que reposan dentro de la investigación que adelanta el alto tribunal.
Según fuentes en Washington, la justicia estadounidense tendría en sus manos el expediente para pedir la extradición de la senadora electa, pero al parecer está estudiando cuál sería el momento adecuado para solicitar la medida si antes o después de las elecciones presidenciales.
A comienzos de mayo, la magistrada Cristina Lombana recibió en Madrid, España, la declaración de Braulio Augusto Sánchez, comerciante y prestamista que presuntamente se encargaba de traer a Colombia desde Venezuela dinero para entregarle a políticos colombianos, al parecer entre ellos a Piedad Córdoba. Esta declaración fue incluida en la investigación del alto tribunal, que sigue vigente.
En ese contexto, también se le ha cuestionado por tener amplia influencia en Venezuela, especialmente cuando el presidente era Hugo Chávez. De hecho una investigación periodística de Gerardo Reyes apunta a que, desde finales del año 2007, Chávez le pagó a Córdoba tres lujosas habitaciones en el Hotel Gran Meliá de Caracas bajo el nombre ficticio de Julio Montiel, mientras se adelantaban negociaciones con las extintas Farc para intercambiar secuestrados por combatientes.
Quedó libre, pero enredada
El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras informó este jueves que concluyó la retención de Córdoba “después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público”. En ese sentido detalló que la congresista electa no tiene restricción alguna de movilidad, por lo que quedó en total libertad de permanecer o abandonar el territorio hondureño.
La propia senadora electa detalló sobre la decisión a través de sus redes sociales, donde expresó que “la persecución no cesa pero la verdad prevalece (...) Quedó superado el malentendido en Honduras. A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su resolución”.
A pesar de que su retención se levantó, el caso de los 68.000 dólares en efectivo dejó serias dudas especialmente por las contradictorias explicaciones entregadas por las autoridades de Honduras y las declaraciones que dio la líder política colombiana.
Inicialmente el INM hondureño aseguró que retuvo a Córdoba para investigar por qué tenía en su poder la abultada cantidad de dólares que no habían sido declarados. Por su parte, la congresista del Pacto Histórico explicó que iba a pagar los impuestos para poder llevar la plata a Colombia y apuntó que “a uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”.
Al final planteó que la plata se la dio el empresario colombiano Mauricio Sánchez, quien, según ella, le pagó por asesorías que le había brindado. En ese sentido, argumentó que le entregó el dinero en Honduras porque él está radicado en ese país. Además, respondió a los reclamos de congresistas de ese país, quienes aseguraron que el dinero se lo había entregado la presidenta hondureña, Ximena Castro, con quien se reunió días atrás.
“Todos estamos sometidos al imperio de la ley, nadie debe estar sobre ella. Exigimos una investigación a fondo del presunto ilícito cometido por la activista de izquierda en suelo hondureño”, reclamó en una carta la bancada del Partido Nacional de Honduras.
En todo caso, Córdoba quedó con un expediente en el país centroamericano al tratar de andar con toda serenidad con una cantidad de dinero equivalente a más de 267 millones de pesos en efectivo, hecho que no deja de ser desafortunado para sus aliados políticos en Colombia, más cuando se está ad portas de realizar una elección presidencial.
