Desde el escándalo de la UNGRD al caso Odebrecht o la “yidispolítica”, algunos de los mayores procesos por presunta corrupción de las últimas décadas han pasado, de una u otra forma, por el Congreso. Todos tienen en común la forma opaca en que se han tramitado las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo, donde los votos para sacar adelante proyectos se habrían pagado con puestos, contratos y partidas de inversión.
El gobierno de Abelardo de la Espriella dice querer cortar ese círculo. Y por eso fue radicado esta semana un proyecto de acto legislativo que el ministro del Interior Rodrigo Lara llamó “ley antimermelada”.
En contexto: Estas son las cinco cartas que se juega el Gobierno en el Congreso; ¿son viables?
Lara ha hablado en varias declaraciones de “sincerar las relaciones con los congresistas”, algo que, según el Ejecutivo, permitiría negociar sin recurrir a “tratos corruptos”.
En la radicación, dijo: “¿Qué es la mermelada? Lo oculto. Es la transacción bajo la mesa entre el Gobierno y el Congreso. Eso se acabó. Vamos a crear la ley para las cosas se hagan por encima de la mesa”.
La idea de fondo, dice, es reconocer que los congresistas tienen derecho a gestionar obras e inversiones para sus departamentos y municipios, sin recibir un “pedazo de la torta” a cambio y obligando a que cada solicitud quede registrada y pueda ser consultada por la ciudadanía.
Estas son las cinco claves de la iniciativa.
1. Los congresistas podrán postular obras para sus regiones
El proyecto los autoriza a presentar ante el Gobierno Nacional proyectos de inversión pública en beneficio de las entidades territoriales, a través de un registro público.
Hay dos condiciones: no pueden intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos que se deriven, y ni ellos ni los financiadores de sus campañas pueden obtener un beneficio económico particular.
2. Se redefine el conflicto de intereses
Se modifica el artículo 182 de la Constitución para precisar que solo hay conflicto cuando la decisión representa un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge, sus parientes o sus socios. Además, aclara que ni la defensa de intereses regionales o sectoriales ni la financiación de campaña legalmente registrada constituyen, por sí solas, un conflicto de intereses.
3. Nacen tres registros públicos
La iniciativa plantea crear, por ley, registros de consulta abierta: uno de intereses, donde cada legislador declare sus actividades económicas y vínculos particulares; uno de financiadores, con las personas o entidades que aportaron a las campañas; y uno de proyectos de inversión, donde se inscriban las obras postuladas.
4. Ocultar información costaría la curul
Se ajusta el numeral 1 del artículo 183 para que el ocultamiento de información en la declaración pública de intereses sea causal de pérdida de investidura, la sanción que retira al congresista de su cargo. La misma consecuencia aplica a quien participe en discusiones en las que tenga un conflicto de intereses.
Con la adición al artículo 346, el Gobierno podrá incluir los proyectos inscritos en el Presupuesto General de la Nación, o financiarlos durante la vigencia fiscal con recursos de inversión y fondos especiales nacionales.
Lo que viene
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en dos periodos ordinarios y consecutivos, lo que lo somete a la voluntad de los mismos congresistas cuyas prácticas pretende regular.
Además, el Congreso tendría que ocuparse de una ley orgánica que reglamente los registros, la gestión de proyectos regionales, el lobby o cabildeo, la declaración de intereses y el registro de financiadores.
Expertos consultados por este medio consideran que es una buena iniciativa, aunque tiene varios “riesgos”.
El analista político y profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset considera que el proyecto parte de una idea “muy loable” para hacer transparente la presentación y financiación de proyectos, pero también advierte que falta ver cómo queda el proyecto al final después de un trámite largo con ocho debates en el mismo Congreso.
Agregó que con la propuesta de descentralización que ha hecho el Gobierno, considera que “serían más bien las autoridades locales las que deberían adueñarse de de estos proyectos para inversión en sus regiones, mucho más que que los congresistas”.
Por su parte, Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, considera que es muy beneficioso contar con herramientas que permitan regular el lobby de una manera sana.
“En Colombia tenemos unas dinámicas políticas que hacen que estas negociaciones, acuerdos, gestiones tengan un tinte asociado a la corrupción, un tinte asociado al a un lobby más de recursos por debajo de la mesa”, señala.
Además, Marín considera que, aunque existe la percepción de que los congresistas difícilmente legislan en contra de sus propios intereses, la renovación del Congreso podría favorecer la discusión.
A esto se suma que el gobierno de Abelardo de la Espriella cuenta con una bancada importante, según los partidos que se declararon de gobierno. No obstante, el futuro de la iniciativa también dependerá de la prioridad que le dé el Ejecutivo y del ambiente político en el Congreso, donde aún deben tramitarse asuntos como el presupuesto general, una eventual reforma tributaria, otras reformas del Gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué registros públicos se crearían con la “ley antimermelada”?
- Se plantea la creación de tres registros de consulta abierta. Uno de intereses, donde cada legislador declare sus actividades económicas y vínculos particulares. Otro de financiadores, con la lista de personas o entidades que aportaron a sus campañas políticas; y uno de proyectos de inversión, donde queden inscritas las obras postuladas por los congresistas para las regiones.
- ¿Cuáles serían las sanciones para los congresistas que incumplan estas normas?
- Se ajusta la Constitución para que
ocultar información en la declaración pública de intereses sea causal de
pérdida de investidura (la sanción que retira al congresista de su cargo).
- ¿Qué camino le espera al proyecto en el Congreso para convertirse en ley?
- Al tratarse de una reforma constitucional (acto legislativo), el proyecto debe superar
ocho debates repartidos en dos periodos ordinarios y consecutivos. Esto significa que la iniciativa debe tramitarse y aprobarse precisamente en el Congreso cuyas prácticas busca regular. Posteriormente, requeriría una ley orgánica complementaria para reglamentar los registros, el cabildeo y la declaración de intereses.
