Desde que apareció en la agenda pública, el Cartel de la Toga no ha dejado de dar de que hablar en Colombia. Este escándalo de corrupción vio la luz el 15 de agosto de 2017, cuando la Fiscalía dijo que había sospechas de que existía un aparato para entorpecer los procesos judiciales que se llevaban en la Corte Suprema de Justicia.
Este martes volvió a tomar vuelo e impactó sectores políticos y judiciales del país con la acusación contra el expresidente de la Corte Leonidas Bustos y compulsa de copias contra el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el actual magistrado Eyder Patiño.
Ayer se conoció el escrito de acusación del representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien fue designado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar la participación del expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos, en el “Cartel de la Toga”.
En el escrito, Rodríguez sostiene que se tuvieron en cuenta 37 pruebas testimoniales, 58 documentales y 17 informes de policía judicial para llegar a la conclusión de que Bustos habría sido “el cerebro” del aparato de corrupción alrededor del Cartel.
El representante considera que “hay indicios serios y graves para creer que el exmagistrado (Bustos) presuntamente habría cometido los delitos” de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
¿Qué dice la acusación?
En el documento, que tendrá que ser votado por la plenaria de la Cámara, el representante del uribismo pide que se compulsen copias contra el exfiscal General Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, acusándolos de haber favorecido al exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para que llegara a la Fiscalía, luego de haber sido asesor del despacho del fiscal Montealegre. Al exmagistrado se le acusa de concertar con funcionarios y particulares para abordar congresistas y conseguir decisiones contrarias al derecho a cambio de coimas y dádivas. Los intermediarios habrían sido los ya conocidos Moreno y Leonardo Pinilla.
Entre los beneficiados estarían, según el escrito, Musa Besaile, Álvaro Ashton y Luis Alfredo Ramos. Los pagos, señala la acusación, habrían sido con automóviles, dinero en efectivo y relojes de lujo.
En este punto, el representante pidió que se compulsen copias también contra Eyder Patiño, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien, según las pruebas, “ayudaba” a favorecer a políticos investigados. (Ver: Así va el Cartel de la Toga). Sobre la acusación, Patiño, al leer un comunicado, manifestó que asume la compulsa de copias como “la oportunidad para aclarar las versiones que recoge sobre mí” y que, dada su alta responsabilidad, solicita a la Comisión darle celeridad.
En el auto de acusación, de 70 páginas, se realiza un repaso de cómo se habría configurado el Cartel y cómo, presuntamente, Bustos actuó para que Montealegre firmara un contrato de asesoría con Moreno, y con el dinero “pudiese sufragar los gastos de la oficina de abogados administrada por Moreno”.
La reacción de Montealegre y el ex vicefiscal Perdomo no se hizo esperar. En un comunicado criticaron la decisión y señalaron que tiene que ver con un pulso político, liderado por el expresidente, Álvaro Uribe, por las actuaciones que realizaron contra personas cercanas a su entorno durante el tiempo en el que estuvieron en la Fiscalía.
“La compulsa de copias a magistrados y exfiscales de impecable trayectoria, por parte del titiritero Uribe, a través de sus áulicos, muestra a un expresidente acorralado por su pasado... por el fantasma de los crímenes internacionales que cometió”, sostienen en el comunicado.
Oportunidad para el país
EL COLOMBIANO le escribió al senador Uribe para obtener su respuesta frente a las acusaciones pero, a través de mensaje de texto, agradeció por consultarlo, y dijo: “Ando ocupado en un proyecto de ley” y pidió “estudiar los expedientes, muy conocidos”, alrededor de las masacres del Aro y La Granja, acusaciones expuestas en el comunicado de Montealegre y Perdomo.
Iván Garzón, docente de Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana, manifestó que el país está en mora de conocer si durante la administración de Montealegre y Perdomo “incurrieron en indelicadezas y exabruptos presupuestales y administrativos, o rozaron el Código Penal”.
Además, explicó Garzón, esta investigación se convierte en una prueba de credibilidad a instituciones como el Congreso para que “la Comisión deje de ser denominada de absoluciones y tome en serio un caso como el Cartel de la Toga, que ha afectado la credibilidad de la justicia”. Hay que dejar claro que, por ser aforados, a Montealegre y a Patiño los investigará la Comisión de Acusaciones, mientras que en el caso de Perdomo, será la justicia ordinaria.
