La Misión Electoral Especial, integrada por seis expertos, fue instalada por el Gobierno el mes pasado con un propósito: presentar, en un lapso menor a tres meses, propuestas para una nueva reforma política. Tuvo origen en el Acuerdo con las Farc.
No obstante, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, un mes después y en medio del escándalo de Odebrecht, lanzó los puntos centrales de la reforma. En los últimos días ha buscado consenso con los partidos.
Clara Rocío Rodríguez, del Instituto de Estudios Políticos de la Nacional (IEPRI), manifestó que no es optimista, porque de entrada se está desconociendo a la Misión.
Al respecto Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior, dijo que, como lo estableció el Acuerdo, a la Misión le compete estudiar la reforma a la organización electoral, pero también le pidieron revisar las ideas de lista cerrada y financiación estatal de campañas. “Las demás propuestas nacieron en los partidos, el Gobierno y los ciudadanos”.
Según Iván Garzón, director de Ciencia Política de la Sabana, la reforma política es un globo, en tanto que es inviable en este momento preelectoral.
Por el contrario Santiago Castro, vicedecano de la Escuela de Política de la Sergio Arboleda, precisó que todas estas propuestas son viables en un Congreso donde el Gobierno tiene mayorías.
Como un paño de agua tibia, que no cambia nada y que abusa del fast track, calificó Olga Illera, decana de Ciencia Política de la Jorge Tadeo, la reforma política que se cocina.
Al respecto Patricia Muñoz Yi, docente de Política de la Javeriana, advirtió que reformas de este tipo deben ser estudiadas con tiempo y tranquilidad para que produzcan efectos positivos para la democracia.
“Llegan apresuradas y poco estudiadas algunas en el contexto. Es importante dar una debate ciudadano y académico y valorar la experiencia de otros países frente a reformas similares”.
Para Jaime Alberto Carrión, docente de Política de la Nacional, aunque algunos asuntos pueden estar relacionados con la implementación de los acuerdos, el ambiente general del país es de polarización entre quienes quieren darle continuidad al Acuerdo y los que proponen hacer cambios.
Andrés Felipe Bernal, de la Escuela de Política de la Sergio Arboleda, aseveró que es inviable e inoportuna: “ Si bien el gobierno buscará sustentar dicha iniciativa en el marco de la paz, resulta necesario examinar brevemente cada una”.
El viceministro Gómez reconoció que las instituciones están pasando por un mal momento, y por eso es oportuna la reforma: “Muchas de esas propuestas han fracasado en el pasado y están ampliamente estudiadas y comparadas con otros países”.
A continuación los expertos explican por qué son viables o no estas propuestas.
PASAR DE VICEPRESIDENTE A LA FIGURA DE DESIGNADO
El hoy presidente Juan Manuel Santos fue el último designado a la Presidencia que tuvo Colombia (1993-1994). La Constitución de 1991 cambió esa figura por la de Vicepresidente. Diego González, del Instituto de Estudios Constitucionales del Externado, recordó que la Constitución de 1886 contempló la Vicepresidencia, pero en 1905 se pasó a Designado: “Los constituyentes de 1991 consideraron que era más democrática la figura del ‘vice’, pero como se usa para hacer alianzas, termina generando tensión política en el ejercicio del Gobierno”. El vicepresidente no tiene hoy funciones y cada presidente le asigna tareas. Según Jaime Carrión, docente de Política de la Nacional, esta propuesta no hace ni mejor ni peor el sistema político, pero sí lesiona el derecho a elegir un sucesor del presidente por parte del pueblo, así como la posibilidad de que se realicen alianzas.
Para Mauricio Jaramillo, docente de Política del Rosario, hay un desprestigio de coyuntura por los roces entre Santos y Vargas Lleras, pero no es un problema de la Vicepresidencia como tal.
“Eliminar la figura del vicepresidente responde únicamente a eliminar la molestia que resulta de un vicepresidente con agenda propia dentro del Gobierno. La figura del designado, no genera ningún cambio relacionado con el Acuerdo de paz”, expresó Andrés Felipe Bernal, de la Escuela de Política de la Sergio Arboleda. Al respecto, Pedro Piedrahíta, docente de Política de Bolivariana, precisó que si bien la figura del vicepresidente es casi “decorativa”, en términos electorales sí garantiza la posibilidad de un mayor caudal electoral a través de alianzas. “Parece un mensaje a Germán Vargas, que generó malestar en varios sectores. No se había visto que la Vicepresidencia fuera el trampolín para la Presidencia”, concluyó Piedrahíta.
AMPLIAR LOS PERIODOS UNINOMINALES A 5 AÑOS
A lo largo de la historia republicana se han ensayado periodos presidenciales entre 2 y 6 años. Desde 1910, con excepción de la época de La Violencia, los periodos presidenciales han sido de 4 años. Según el ministro Cristo, algunos gobernantes han manifestado que es poco tiempo para sacar adelante el Plan de Desarrollo y piden un año más.
Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia de los Andes, dijo que a muchos políticos les gusta la ampliación de los periodos porque les da más tiempo en el poder y amplía las posibilidades de sacar adelante una gestión.
Sobre esta propuesta Jorge Iván Cuervo, docente del Externado, afirmó que no es significativa y que, por ejemplo, Chile lo tuvo en 5 años y decidió bajarlo a 4. “Cuatro años de gobierno son suficientes y razonables en el contexto de un régimen presidencial. Si el presidente lo está haciendo muy mal o tiene muy baja popularidad, alargar un periodo puede tener graves problemas de gobernabilidad”.
Carrión afirmó que viene funcionando bien la duración de los periodos de los cargos uninominales y que mantenerlos en fechas distintas contribuye al ejercicio de control entre las fuerzas políticas.
Según Bernal, el debate siempre se ha centrado en periodos más largos o reelección. “Dado que la experiencia colombiana con la reelección no es positiva, se podría incluso considerar ampliarlo hasta seis años. El efecto, claro está, radica en la duración del blindaje jurídico que tendrían los acuerdos con periodos más largos”.
No obstante Piedrahíta sostuvo que el argumento oficial no convence, entre otras cosas porque no hay estudio técnico que demuestre que más tiempo signifique mejor gestión. “Lo que sí sería necesario es restablecer el desequilibrio generado en el sistema de pesos y contrapesos tras la reelección”.
CERRAR LAS LISTAS PARA LA CÁMARA Y EL SENADO
El Acto Legislativo 01 de 2003 hizo ajustes al régimen electoral. Introdujo las listas únicas y el voto preferente. Esto para evitar que hubiese varias listas en un mismo partido y debilitar la dictadura
del bolígrafo impuesta con las listas cerradas.
Según Juan Antonio Zornoza, director de Ciencia Política de la U. Nacional, sede Medellín, la lista cerrada es un mecanismo de transparencia para que los partidos no sean empresas electorales, es decir, que se dediquen a vender avales.
Por su parte Patricia Muñoz Yi, docente de Política de la Javeriana, dijo que si se cierran las listas pero no se generan procesos de democratización para escoger a los mejores, “volveremos a la política del bolígrafo, en la que el líder es el que define, a su antojo, el orden de la lista”.
Para Carrión la lista cerrada es una mala idea debido a la carencia de democracia que existe en los partidos. “La lista con voto preferente ha servido para que distintos sectores asciendan en los partidos políticos y ellos se renueven”.
Olga Illera, decana de Ciencia Política de la Jorge Tadeo, explicó que las listas abiertas generan incentivos para que el elector decida a quien quiere elegir y ayuda a democratizar los partidos políticos.
Jaramillo dijo que en países donde hay listas cerradas los partidos tienden a ser fuertes. El gran riesgo es que los partidos tengan un poder omnímodo y no cambien, como pasó en Venezuela, que tuvo listas cerradas hasta 1999.
Para Santiago Castro, vicedecano de Política de la Sergio Arboleda, si se aprueba la lista cerrada pero se suprimen los umbrales, no sirve de nada.
Según Piedrahíta es una propuesta poco viable, pero necesaria, porque en Colombia la política no está dada por la representación de partidos, sino por los personalismos y los líderes carismáticos.
VOTO OBLIGATORIO Y A PARTIR DE 16 AÑOS
Colombia no tiene tradición de voto obligatorio. Hasta 1975 se era mayor de edad a los 21 años. Las mujeres se estrenaron en las urnas en 1957. Según el ministro Juan Fernando Cristo esta medida sería por dos periodos y desestimularía la compra de votos. Solo 26 países de los 194 de la ONU tienen vigente esta normatividad. De otro lado, en Argentina pueden votar desde los 16 años, pero solo el 1,9 % de ellos lo hace.
Luis Trejos, docente de Política de la U. del Norte, expresó que el voto obligatorio legitimaría la democracia, pues el promedio de abstención es del 45 %, y no implicaría costos adicionales. Según Clara Rocío Rodríguez, del Instituto de Estudios Políticos de la Nacional, ambas propuestas se han intentado en el pasado sin éxito: “¿logra tener ese efecto reformista el proceso de paz? No lo creo”. Para Muñoz no hay consenso de que el voto obligatorio mejore la participación. Agregó que la experiencia en otros países demuestra que la abstención se reduce en los periodos de voto obligatorio, pero no necesariamente se mantienen cuando culminan. “El desencanto se debe combatir con procesos de formación en ciudadanía”. Carrión afirmó que el voto obligatorio es regresivo y no es atractivo ni conveniente.
Según Piedrahíta, la idea del voto a partir de los 16 años está tomando fuerza, pues son precisamente los jóvenes entre 16 y 26 años los mayores agentes movilizadores por la refrendación del SÍ el pasado 2 de octubre. “¿Un adolescente tiene la cultura y formación para tomar una decisión electoral? O ¿serán presa fácil para las maquinarias?”.
FINANCIACIÓN ESTATAL DE LAS CAMPAÑAS
El presidente Santos afirmó que prohibir los aportes privados dejaría a un lado la injerencia de los contratistas en la campañas.
Para García, dadas las actuales circunstancias de corrupción, este proyecto tiene serias posibilidades y se percibe como necesaria.
Según Cuervo, la financiación estatal completa no acaba la corrupción, porque finalmente muchos candidatos van a buscar financiación ilegal. “Esa financiación oficial terminaría siendo pagada por todos los ciudadanos y, eso, no sería lo más justo”.
“Sería una forma interesante, pero el Estado no tiene la capacidad financiera para asumir este tipo de gastos. La corrupción no se hace con lo que se reporta al Consejo Nacional Electoral. Hay que reforzar todo el sistema de control y vigilancia electoral”, propuso Illera.
Para Castro es una propuesta que no tiene sentido, porque el problema no es la financiación pública sino la que se hace por debajo de la mesa, “y así se seguiría presentando”.
Al respecto Jaramillo dijo que esta reforma sirve para que el dinero no sea el protagonista de las campañas y que sean menos onerosas.
Muñoz dijo que ayudaría a reducir los niveles de inequidad en la competencia electoral y evitaría que se filtren recursos ilícitos o lícitos de empresas que luego aspiran contratar. “No basta con que se prohiba si no hay mecanismos de investigación eficientes y controles”.
Según Carrión, el país tiene un modelo mixto que es adecuado si se respeta y controla.
Piedrahíta sostuvo que es viable por coyuntura, pero que la incógnita es si el Estado cuenta actualmente con la capacidad fiscal para la financiación de campañas.
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