Guatemala tumbó la Misión anticorrupción

La Cicig, presidida por el colombiano Iván Velásquez, tendrá hasta hoy para salir del país, dijo el gobierno.

El domingo, tras detener al colombiano Yilen Osorio, guatemaltecos fueron al aeropuerto a rechazar la decisión. FOTO reuters

La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jove, anunció este lunes que el Gobierno de ese país da fin a la misión anticorrupción de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por considerar que no respetó los acuerdos internacionales.

Además dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios de la Misión abandonen el país. El anuncio se dio tras una reunión con el jefe de la ONU, Antonio Guterres.

“El acuerdo queda finalizado por las violaciones hechas por la Comisión”, señaló la ministra, tras agregar que el presidente Jimmy Morales “permitió las investigaciones”.

Carmen Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia en Guatemala, en diálogo con EL COLOMBIANO, manifestó que “el Gobierno no puede dar el carpetazo a la Cicig y dar por terminado el acuerdo con la ONU de manera unilateral”.

Explicó, además, que “tampoco es bueno que la canciller haya llegado a somatar (rematar) la mesa, dando 24 horas para que la comisión abandone el país”. Por otra parte, indicó que el abogado Alfonso Carrillo planteó una acción ante la Corte de Constitucionalidad, “para dejar sin efecto la acción de la canciller”.

No es nuevo

Esta decisión tiene una estrecha relación con las diferencias que ha sostenido la Cicig con el gobierno de Morales y que, incluso, ya había llevado a una expulsión, en diciembre pasado, cuando la misión que es presidida por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez recibió la “orden” de salir del país, aunque no se cumplió.

Hay otro capítulo. El domingo, en el Aeropuerto La Aurora, el colombiano Yilen Osorio, investigador de la Cicig, fue retenido contra su voluntad por el gobierno, al no permitirle el ingreso.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, solicitó una acción de exhibición personal para evitar que Osorio fuera deportado, tal y como lo intentó Migración.

Por su parte, la fiscal general, Consuelo Porras, pidió al personal del Ministerio Público que “ordenen el cumplimiento de la resolución constitucional” que amparaba a once funcionarios de la Cicig.

¿Habrá más Impunidad?

Al preguntarle a la directora del Movimiento Pro Justicia si habrá impunidad en los casos de corrupción que manejaba la Cicig, señaló que “lo que buscan estos grupos aliados, vía el presidente y sus funcionarios, es bloquear la persecución penal contra quienes hacen los grandes negocios con corrupción, narco, crimen organizado”, lo cual se convierte en “hechos que cooptan al Estado”, enfatizó la directora de la organización social guatemalteca ”.